El Gobierno nacional avanza con una estrategia financiera destinada a garantizar el cumplimiento de los compromisos de deuda previstos para 2027, un año que va a estar marcado por las elecciones presidenciales y una mayor volatilidad económica y financiera.
Con los vencimientos de 2026 prácticamente asegurados, el Ministerio de Economía concentra ahora sus esfuerzos en obtener financiamiento adicional que permita afrontar los compromisos en moneda extranjera del año siguiente sin afectar las reservas internacionales.
El desafío no es menor. Además de los pagos de bonos soberanos, Argentina deberá cancelar cerca de 7.700 millones de dólares entre capital e intereses correspondientes al acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco de los desembolsos recibidos tanto durante la gestión de Mauricio Macri como del programa acordado posteriormente por el gobierno de Javier Milei.
El próximo 9 de julio vencen unos 4.300 millones de dólares en concepto de capital e intereses de los Bonares, el segundo pago de magnitud que enfrenta el Tesoro durante este año. Para cubrir esos compromisos, el Gobierno viene colocando títulos de corto plazo en el mercado local, como los Bonar 2027 y Bonar 2028.
Sin embargo, se prevé que la presión va a aumentar en 2027. Ese año volverán a vencer alrededor de 8.500 millones de dólares en Bonares, a lo que se sumarán más de 1.000 millones correspondientes a Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre, los cuales son títulos públicos emitidos por el BCRA, y los pagos al FMI, configurando uno de los calendarios financieros más exigentes de los próximos años.
En este contexto, la reciente mejora en la calificación crediticia de Argentina otorgada por S&P Global Ratings representa una señal positiva para el Gobierno. La suba de la nota a “B-” contribuyó a una baja del riesgo país y mejoró las perspectivas para una eventual vuelta de Argentina a los mercados internacionales de crédito.
Analistas de la consultora Puente señalaron que la compresión del riesgo soberano y el renovado interés de inversores institucionales podrían abrir una ventana para que el Tesoro realice una emisión internacional de deuda durante el tercer trimestre del año.
La posibilidad de acceder nuevamente al financiamiento externo es considerada clave por el equipo económico, ya que esto permitiría refinanciar parte de los vencimientos futuros y preservar las reservas acumuladas por el Banco Central.
A este escenario se suma el respaldo de organismos multilaterales. El Banco Mundial aprobó un esquema de garantías que facilitaría la obtención de nueva deuda por aproximadamente 4.000 millones de dólares, con plazos de hasta seis años y condiciones financieras más favorables que las disponibles actualmente en el mercado.
Según los especialistas, estas herramientas permiten consolidar el programa financiero de 2026 y construir un puente de liquidez para afrontar los primeros vencimientos de 2027, reduciendo la incertidumbre de cara a un período electoral que históricamente suele generar tensiones en los mercados y presiones sobre el tipo de cambio.
De esta manera, el Gobierno apuesta a fortalecer su posición financiera con anticipación, buscando garantizar los pagos de deuda y sostener la estabilidad macroeconómica en un año que se perfila como uno de los más desafiantes de la gestión.
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