La semana pasada se conoció que más de 250 mil personas, que compraron dólares o declararon bienes personales recibían planes sociales, algo prohibido según la legislatura vigente.
La causa quedó cargo del fiscal Guillermo Marijuan, quien confirmó que tendrá el informe completo que elaboró la AFIP sobre el entrecruzamiento de datos por el cual se llegó a esa certeza. Tras el análisis de ese escrito se decidirá si se suspende el cobro de esos planes sociales.
Marijuan confirmó la existencia de personas que adquirieron dólares, que cobraron el programa de personas fallecidas y que declararon bienes personales teniendo el Potenciar Trabajo“.
El funcionario judicial afirmó que si una persona solicita un plan porque está desocupada “no puede de ningún modo comprar dólares para acopiar o revender” y agregó que “si supera el mínimo imponible de bienes personales no es una persona que necesite la ayuda del Estado”. En el caso de los muertos recordó que el programa social no es algo que otra persona puede heredar, sino que una vez que se constata el fallecimiento, el beneficio termina.
El escándalo surgió a partir de un entrecruzamiento que realizó la AFIP pedido por el ex ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta y cuyo resultado preliminar fue publicado en el portal Infobae.
La intervención de Marijuan
Luego de pedir el listado de los beneficiarios al Ministerio de Desarrollo Social, Marijuan realizó una denuncia por defraudación contra la administración pública.
Además, ordenó que tras la investigación se suspenda el pago del programa Potenciar Trabajo a quienes cometieron las irregularidades y se realice un reempadronamiento.
Asimismo, se confirmó que hubo al menos 35 mil personas que compraron dólares teniendo planes sociales.
Otro punto a investigar es el otorgamiento de ayuda social a 2.800 personas que figuran en los registros como fallecidas.
El futuro de los investigados
“Pedir la baja de esos planes es una posibilidad al igual que la suspensión con reempadronamiento”, dijo el fiscal y agregó : “En primer lugar tendríamos un éxito en poder evitar que el delito se siga cometiendo”.
Por otro lado, denunció problemas en la inscripción para recibir los planes y confirmó que “hubo un montón de casos en los que se organizaban piquetes y cortes de calle y le entregaban listados al Estado“, a partir de allí “capaz que ahí hubo situaciones en las que metieron gente”.
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