Este viernes al mediodía finalizó la audiencia contra Andrés “Pillín” Bracamonte y dirigentes regionales de la UOCRA. El juez Facundo Becerra decidió dejar en libertad bajo fianza al jefe de la barra de Rosario Central y sostener la prisión preventiva por el plazo de ley para los referentes sindicales. En ese contexto, uno de los fiscales a cargo de la acuscación, Miguel Moreno, sostuvo: “El doctor Becerra resolvió sobre la petición de la fiscalía de prisión preventiva para todas las personas que fueron llevadas a audiencia en la investigación sobre dirigentes de la UOCRA y los señores Bracamonte y su socios Reggiraciolo. Nosotros consideramos que este grupo utilizaba la estructura sindical para realizar exigencias dinerarias a contratistas que trabajan en plantas del cordón industrial. Se les decía que se acercaran al sindicato para hacer un pago de acuerdo al tamaño de la obra y de la cantidad de empleados. Se pagaba entre 50 y 100 mil pesos por mes por cada operario”.
El funcionario del MPA agregó: “Para nosotros, Bracamonte se insertaba en estas extorsiones, que contaban con un ‘ropaje jurídico’. Se había creado un ‘libre deuda sindical’ que iba por fuera de uno que ya existe que está regulado, que es a nivel nacional y se gestiona por Internet. Esto funcionaba a nivel local y ahí adentro se englobaban varias exigencias: la primera era la colaboración económica; otra era la toma de empleados por parte de los contratistas, que eran generalmente familiares de los acusados, como parientes de Vergara y el propio hijo del jefe de la barra de Central”.
“Lo que entendió el juez es que la peligrosidad procesal de Bracamonte puede ser disipada con medios menos lesivos que la prisión preventiva. Por eso le impuso algunas obligaciones que le impiden entorpecer a la justicia. Tiene que permanecer en la ciudad, no podrá tener contacto con las personas que habrían sido víctimas de los delitos por los cuales lo acusamos y no puede modificar su domicilio”, agregó Moreno, de la Unidad de Delitos Económicos del MPA de Rosario, que compartió el trabajo de investigación con su colega Sebastián Narvaja.
Tras la resolución del juez, quedaron detenidos cuatro dirigentes de la UOCRA que en la audiencia fueron acusados de integrar una asociación ilícita. Respecto de Carlos Vergara, titular local del gremio de los obreros de la construcción, su defensa solicitó la prisión domiciliaria por su edad y el juez no aceptó la solicitud.
Comentarios