El Gobierno nacional dio un paso para reactivar la actividad parlamentaria al enviar este sábado al Congreso de la Nación dos proyectos de reforma: uno sobre la Ley de Salud Mental y otro vinculado a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Las iniciativas ingresaron por el Senado de la Nación Argentina, donde el oficialismo busca aprovechar una mayoría más favorable para iniciar el debate.
La decisión fue tomada tras una reunión de la mesa chica en la Casa Rosada, encabezada por figuras clave del oficialismo como Karina Milei, el titular de Diputados Martín Menem y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.
El oficialismo optó por que ambas iniciativas ingresen por el Senado, una cámara donde logró consolidar una base de apoyo más sólida. Esta maniobra también responde a una lógica parlamentaria: iniciar el tratamiento allí permitiría manejar mejor eventuales cambios cuando los proyectos lleguen a Diputados.
El envío de estas reformas se da en un contexto donde el Gobierno busca retomar la iniciativa política en el Congreso, en la previa del informe de gestión que deberá presentar el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Además de los proyectos sobre salud mental y discapacidad, el Ejecutivo tiene en carpeta avanzar con otras leyes consideradas clave. Entre ellas se destacan la iniciativa de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el proyecto denominado Hojarasca.
Según el esquema que maneja el oficialismo, la intención es tratar Hojarasca el próximo martes en comisión y, si no surgen obstáculos, llevarlo al recinto al día siguiente.
En cuanto a la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el panorama es más complejo. El proyecto continúa en debate en el Senado, pero todavía no tiene fecha de dictamen debido a objeciones de sectores de la oposición dialoguista, especialmente tras la exposición del ministro Federico Sturzenegger.
Por los tiempos legislativos, se estima que esa iniciativa podría llegar al recinto recién en mayo.
Con el envío de estas reformas, el Gobierno busca reactivar el funcionamiento del Congreso y ordenar una agenda que combine temas sociales sensibles —como la discapacidad y la salud mental— con proyectos estructurales vinculados a la economía y la regulación.
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