El gobierno nacional oficializó una ampliación del presupuesto destinado a las universidades nacionales hasta alcanzar los $4 billones, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado este jueves en el Boletín Oficial. Sin embargo, la medida aún genera incertidumbre porque no se precisó cuándo se efectivizará la transferencia de los fondos, situación que despertó cautela tanto en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) como en el gremio docente Coad.
Según trascendió, el 98% del incremento presupuestario será destinado a las universidades nacionales, mientras que el 2% restante se utilizará para el pago de becas estudiantiles. Pese al anuncio, desde la UNR señalaron que todavía no recibieron ninguna notificación oficial y estiman que la comunicación formal podría llegar recién durante la próxima semana. Tampoco existe certeza sobre la fecha en la que esos recursos serán acreditados.
El rector de la UNR y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, recibió la noticia con prudencia y destacó que, de concretarse, permitirá afrontar la discusión del Presupuesto 2027 con un escenario diferente al actual.
“La ampliación de presupuesto es una noticia importante porque no hay que perder de vista que, además de la aplicación de ley de financiamiento universitario que venimos reclamando, en un mes vamos a discutir en el Congreso nacional el presupuesto 2027 y lo haremos con un piso diferente previo a la transferencia de estos fondos”, afirmó Bartolacci en declaraciones al programa Todos en La Ocho.
Más allá del anuncio oficial, el rector remarcó que las universidades nacionales continúan reclamando el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, en línea con la medida cautelar presentada ante la Justicia por el conjunto de las casas de estudio del país.
Bartolacci sostuvo que el DNU representa un primer paso, aunque aclaró que todavía resta que el Ejecutivo cumpla con lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ordenó aplicar la normativa aprobada por el Congreso.
“Tenemos la expectativa de que el Parlamento tome como piso lo que la normativa garantiza. Esta transferencia de fondo es un paso importante en esa dirección al igual que los acuerdos paritarios de los últimos meses y eso garantice las condiciones mínimas e indispensables que planteamos para funcionar bien”, señaló.
Al mismo tiempo, insistió en que el cumplimiento de la sentencia judicial sigue siendo prioritario.
“Antes de eso necesitamos el cumplimiento y la aplicación del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, reclamó.
El titular de la UNR recordó que la resolución judicial obliga al Gobierno a aplicar los artículos 5 y 6 de la ley de financiamiento universitario, vinculados con la actualización salarial del personal docente y no docente, además de las becas estudiantiles, para compensar el desfasaje producido entre los incrementos otorgados desde diciembre de 2023 hasta 2025 y la evolución de la inflación durante ese período.
En caso de concretarse la transferencia, desde la UNR estiman que significará una recomposición salarial cercana al 25%, considerando el último incremento acordado en mayo, del 21,3%, más un 3% adicional previsto para octubre.
No obstante, el propio Gobierno reconoció que el anuncio busca sortear la decisión de la Corte Suprema, que obliga al cumplimiento de la ley de Educación Superior, conocida también como emergencia universitaria, aunque evitó informar cuándo se implementará efectivamente la medida.
Desde Coad, el gremio que representa a los docentes universitarios rosarinos, valoraron el incremento presupuestario, aunque advirtieron que el mecanismo elegido mantiene el control absoluto en manos del Poder Ejecutivo.
“El presupuesto es un elemento fundamental que permite avances”, señalaron, aunque aclararon que el DNU “está sujeto a la voluntad del Poder Ejecutivo, de modo que el gobierno puede cumplir el DNU en el momento que lo crea conveniente, incluso el mismo 31 de diciembre de este año”_.
Además, remarcaron que la medida no reemplaza el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, aprobada en tres oportunidades por el Congreso.
“La asignación de presupuesto se realiza por DNU, es decir con una medida discrecional del presidente y no salda la deuda total que tiene el gobierno a partir de la tres veces aprobada ley de financiamiento universitario”, sostuvieron.
En esa línea, cuestionaron la postura del Ejecutivo nacional.
“La conquista de nuestros derechos sigue en una constante puja contra un gobierno que, obligado a ceder frente a algunos de nuestros reclamos, procede de mala fe: no implementa la ley de financiamiento universitario y dispone medidas que le dan margen de maniobra para no cumplir con sus obligaciones”, expresaron.
Finalmente, el sindicato confirmó que convocará a una nueva asamblea, con fecha aún por definir, para establecer el mandato que llevará al próximo plenario de Conadu y reiteró que el conflicto salarial continúa abierto.
“Hoy el gobierno nos adeuda el 31,28% de incremento salarial neto y un retroactivo al mes de octubre (momento en que se aprobó la ley de financiamiento universitario) para compensar una pérdida de masa salarial que equivale a 4,5 salarios”, concluyeron desde Coad.
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