El Gobierno decidió reemplazar el capítulo sobre Discapacidad incluido originalmente en el proyecto de Presupuesto 2027 y avanzar con un nuevo texto consensuado con el PRO, la UCR y bloques provinciales. La decisión se tomó después de que el contenido enviado al Congreso generara cuestionamientos entre los aliados y también dentro de La Libertad Avanza.
El conflicto comenzó el martes por la noche, cuando ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto. Durante las primeras horas del miércoles, los bloques revisaron el texto y encontraron un capítulo con fuertes modificaciones en el área de Discapacidad que, según las negociaciones que estaban en marcha, no formaban parte del acuerdo que el oficialismo venía trabajando con sus aliados.
La oposición venía impulsando la prórroga de la Emergencia en Discapacidad, que vence a fin de año. Las bancadas habían logrado emplazar a las comisiones y buscaban llevar su propuesta al recinto a mediados de octubre. Frente a esa situación, el oficialismo había comenzado a trabajar con el PRO, la UCR y bloques provinciales en un proyecto que permitiera terminar con la emergencia y establecer un esquema considerado superador.
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Sin embargo, el proyecto de Presupuesto incorporó cambios que sorprendieron incluso a Martín Menem, presidente de Diputados, y Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado. La falta de coordinación generó tensiones alrededor de la elaboración del texto, en la que participaron funcionarios como Luis Caputo, Diego Santilli, Ignacio Devitt, Santiago Caputo y María Ibarzábal Murphy.
Cerca de Menem buscaron bajar el nivel de confrontación y explicaron que el Presupuesto había comenzado a elaborarse cuatro meses antes y que parte de su contenido había quedado desactualizado por las negociaciones posteriores. Bullrich, en cambio, cuestionó la falta de coordinación y reclamó que los temas sensibles fueran discutidos previamente en la Mesa Política.
Qué planteaba el proyecto original
El capítulo enviado al Congreso proponía recuperar un criterio de “invalidez laboral” para acceder a la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, cuyo monto sería equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. El esquema reemplazaba el enfoque basado en derechos establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Además, el texto eliminaba al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa de acceso a la pensión y trasladaba la definición de los requisitos desde el Congreso hacia la reglamentación del Poder Ejecutivo.
También establecía una incompatibilidad absoluta entre la pensión y el empleo formal. Una persona que comenzara un trabajo registrado o tuviera un alta tributaria podía perder el beneficio, incluso si se trataba de una actividad de pocas horas. El régimen vigente permite compatibilizar la pensión con empleo o monotributo bajo determinados límites.
Otro de los cambios alcanzaba al Nomenclador de Prestaciones Básicas. El proyecto eliminaba el arancel único, por lo que obras sociales, prepagas y provincias podrían establecer sus propios valores, mientras que la actualización quedaba a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad.
Qué negocia ahora el oficialismo
Luego de las críticas, los diputados de La Libertad Avanza retomaron las conversaciones con los bloques aliados y aseguraron que los artículos originales sobre Discapacidad serán eliminados del proyecto.
“Lo que acordemos en el dictamen de comisión es lo que va a ir a Presupuesto”, sintetizaron desde el oficialismo.
El PRO y la UCR confirmaron que las conversaciones se reencauzaron, aunque todavía esperan conocer el nuevo texto antes de definir su posición. Desde el partido amarillo señalaron: “Estamos esperando el borrador final. Vamos a ver qué mandan y terminaremos de definir”.
Desde el radicalismo también reclamaron precisiones sobre las compensaciones pendientes. “El asunto quedó un poco revuelto. Falta una presentación clara de qué va a pasar con las compensaciones. Esperemos a la semana que viene cuando veamos todo por escrito”, señaló un integrante del bloque.
Ese reclamo está relacionado con el artículo 13 de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que establece una compensación para los prestadores por el atraso acumulado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 que no habría quedado cubierto por las actualizaciones posteriores.
Los cambios que se discuten
La nueva propuesta mantendría la intención del Gobierno de elevar los requisitos para acceder a las pensiones por discapacidad, aunque modificaría algunos de los puntos incluidos en el proyecto original.
Según fuentes oficiales citadas por Infobae, el CUD dejaría de ser suficiente por sí solo para acceder al beneficio. “Ya no bastará con tener el CUD (Certificado de Discapacidad) para acceder a la pensión, necesitamos que esta tenga un correlato con la realidad”, explicaron.
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A diferencia del texto enviado inicialmente, la nueva propuesta contempla que las pensiones puedan recibirse de manera complementaria con un empleo registrado, una modificación planteada a pedido de los aliados.
En cuanto al Nomenclador, el nuevo esquema mantendría un sistema universal y establecería una actualización bimestral según el IPC, en lugar de la actualización mensual prevista por la Ley de Emergencia.
Durante las próximas semanas, el oficialismo buscará conseguir el dictamen de mayoría en comisión. Si logra cerrar el acuerdo con sus aliados, el nuevo texto será incorporado directamente al Presupuesto 2027, mientras que la oposición intentará mantener abierta la discusión sobre la emergencia y las compensaciones a los prestadores.
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