El gobierno de Javier Milei decidió cerrar la puerta a cualquier instancia de diálogo con la Confederación General del Trabajo y avanza en el diseño de una reforma sindical que buscará impulsar en el Congreso durante el segundo semestre del año.
La decisión se da en un contexto de fuerte tensión entre el oficialismo y la central obrera, luego de la movilización realizada en Plaza de Mayo en la previa del Día del Trabajador. Desde la Casa Rosada aseguran que no hay reuniones ni contactos previstos con los dirigentes sindicales en el corto plazo y que la postura política es no reabrir canales formales de negociación.
En el Ejecutivo sostienen que el vínculo quedó deteriorado tras la judicialización de la reforma laboral, impulsada por el propio Gobierno y cuestionada por la CGT en distintos tribunales. “Judicializaron todo”, expresaron fuentes oficiales, marcando el malestar con el accionar sindical.
La estrategia oficial combina dos ejes: por un lado, sostener la vigencia de la reforma laboral en la Justicia y evitar nuevas concesiones; por otro, avanzar con un paquete más amplio de cambios que incluya modificaciones en el funcionamiento de los sindicatos, su financiamiento y la elección de autoridades.
Entre los puntos que podrían retomarse aparecen iniciativas que habían quedado fuera del texto final de la reforma laboral, como la posibilidad de hacer optativa la retención de cuotas sindicales por parte del empleador o la reducción de aportes patronales a obras sociales.
El Gobierno prevé enviar el proyecto al Congreso después del Mundial, con la intención de retomar una agenda de reformas estructurales sin abrir un nuevo frente inmediato con el sindicalismo. La apuesta oficial es llegar a esa instancia con menor conflictividad en las calles y con el eje de la disputa trasladado al plano judicial.
En este escenario, la relación entre el Gobierno y los gremios atraviesa uno de sus momentos más tensos, con posiciones cada vez más alejadas y sin señales de acercamiento en el corto plazo.
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