El Gobierno amplió las actividades esenciales y limitó el derecho a huelga mediante un decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial. La medida entrará en vigencia el jueves e incluye las materias de educación, transporte, producción de gas y aeronáutica, entre otras.
Desde esta semana, las actividades que la administración nacional considere “esenciales” deberán garantizar un funcionamiento del 75% en el caso de una medida de fuerza. En esa categoría ya se encontraban los servicios sanitarios y hospitalarios, las telecomunicaciones, el control del tráfico aéreo y la producción, transporte y comercialización del agua y la energía.
Con el DNU 340/25 se agrega la educación a nivel primario, secundario, guardería y preescolar, cuidado de menores; los servicios aduaneros y migratorios; el transporte marítimo y fluvial, tanto de personas como de mercadería; la aeronáutica comercial; el control de tráfico portuario, y la producción y distribución de gas y otros combustibles.
“En lo que respecta a la prestación de servicios mínimos, en el caso de los servicios esenciales, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal del servicio de que se tratare”, informó el Poder Ejecutivo en el documento.
A su vez, creó la figura de actividad “trascendental“, la cual deberá prestar un funcionamiento del 50%. Las categorías afectadas serán producción de medicamentos y/o insumos hospitalarios, transporte terrestre y subterráneo y servicios de radio y televisión.
Además, estarán incluidas actividades industriales continuas, incluyendo siderurgia y la producción de aluminio, actividad química y la actividad cementera, industria alimenticia en toda su cadena de valor, producción y distribución de materiales de la construcción, servicios bancarios y financieros y producción de bienes y/o servicios de toda actividad que estuvieran afectados a compromisos de exportación.
La medida generó el rechazo de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), quien a través de su secretario general Rodolfo Aguiar, rechazó la modificación “del derecha a huelga” y lo describió como “ilegal“. “Este nuevo ataque a un derecho fundamental de los trabajadores tiene la finalidad concreta de beneficiar a los patrones. De esta manera, la huelga pierde todo sentido y no tendrá ningún efecto”, afirmó en un comunicado.
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