El Gobierno nacional avanza en la preparación de denuncias contra el juez Raúl Ojeda, quien frenó parte de la reforma laboral al otorgar una medida cautelar a la CGT. Según confirmaron fuentes oficiales, el Ejecutivo ya trabaja en distintas presentaciones que serán difundidas a medida que queden formalizadas.
La decisión se inscribe en una estrategia judicial y política más amplia. Desde la Casa Rosada aseguraron: “La decisión es avanzar a través de diferentes vías”, en referencia a las acciones que evalúan contra el magistrado.
La ofensiva del Gobierno se da en un expediente que ya tiene otro foco de tensión. En paralelo, el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos presentó una denuncia penal por abuso de autoridad contra Ojeda, por fuera del Ejecutivo. Sin embargo, en el oficialismo aclaran que su postura no se limita únicamente a la cautelar que benefició a la CGT, sino también a una resolución posterior del juez que generó malestar en el Gobierno.
Uno de los puntos más sensibles del conflicto gira en torno a la decisión de Ojeda de cuestionar la intervención del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, junto a los subprocuradores Santiago Castro Videla y Julio Pablo Comadira.
El magistrado argumentó que los funcionarios no estaban matriculados para actuar en el expediente. Desde el Gobierno rechazaron ese criterio y sostienen que la representación estatal se basa en el cargo y en el régimen legal de la Procuración del Tesoro.
En ese sentido, en Balcarce 50 consideran que la medida afectó su capacidad de defensa y remarcan que implicó una vulneración de derechos: “La medida afectó nuestro derecho de defensa”, sostienen en el entorno oficial.
El conflicto también se vincula con la estrategia previa del Ejecutivo para trasladar la causa fuera del fuero laboral. El Gobierno había presentado una inhibitoria ante el fuero contencioso administrativo federal, que fue aceptada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12 el pasado 10 de abril.
Desde el oficialismo entienden que la decisión de Ojeda profundizó el conflicto, ya que no solo mantuvo su intervención en el expediente, sino que también avanzó sobre la conformación de la defensa estatal en una causa considerada de “alta sensibilidad política y jurídica”.
La resolución del juez se dio en paralelo a la presentación de un recurso de per saltum ante la Corte Suprema, impulsado por el Gobierno para que el máximo tribunal intervenga directamente en la disputa por la reforma laboral. En la Casa Rosada distinguen entre el debate de fondo —la reforma laboral— y la discusión puntual sobre quiénes están habilitados para representar al Estado en ese proceso.
En ese marco, la mesa técnica del Ejecutivo analiza distintas alternativas: desde una presentación ante el Consejo de la Magistratura, hasta un planteo ante la Corte Suprema y una posible denuncia penal, entre otras medidas que por ahora se mantienen en reserva.
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