El vértigo de noticias criminales sobre Rosario y la región es tan intenso que algunas de singular importancia pasan casi desapercibidas.
Durante este año se brindaron detalles sobre el arresto en Mozambique de Gilberto Aparecido Dos Santos (Alias Fuminho) en abril del 2020, que reflejaban como el temible PCC de Brasil ha comenzado a trabajar con bandas ligadas al narcotráfico local.
Fuminho, uno de los lideres máximos del cartel brasileño, según consta en actas de las autoridades migratorias había ingresado a la Argentina, al menos dos veces en 2016, e investigaciones judiciales posteriores demostraron que había vivido en la ciudad de Buenos Aires en un departamento a nombre de un conocido narcotraficante boliviano llamado Adalid Granier Ruiz sindicado como el principal proveedor de la cocaína que llegaría a Rosario.
Granier Ruiz es además un hombre con relaciones fluidas con el PCC de San Pablo por lo cual la conexión entre Fuminho, el nombrado y los narcos rosarinos que reciben y distribuyen la droga en la ciudad está probada.
El boliviano hasta hoy se encuentra prófugo de la justica internacional pero se ha comprobado también que opera desde un centro de acopio en la provincia de Córdoba desde donde se distribuye la droga en dirección a nuestra ciudad, Buenos Aires y la misma provincia mediterránea.
Por otra parte a partir de las investigaciones del brutal triple crimen de Ibarlucea de fines de enero en la “boda narco”, apareció el nombre de Fabián “Calavera” Pelozo, un rosarino de clase media sin aparentes lazos con el mundo delictual pero que cumplía funciones como una suerte de CEO de esta asociación de organizaciones criminales. Peloso desde febrero se encuentra detenido y acusado por un concurso de delitos.
Esas líneas de investigación demostraron también que una de las víctimas del triple crimen, Maximiliano Iván Giménez era un colaborador asiduo de “Calavera” en la distribución de la droga en barriadas y complejos populares de diversas zonas de la ciudad y en la relación con las facciones que operan el narcomenudeo en las calles.
Pero volvamos al título de esta columna. Hemos mencionado en varios pasajes la sigla PCC que curiosamente tiene alguna reminiscencia a identidades de política internacional como el Partido Comunista Chino, o el PC cubano pero que en la realidad dista bastante de ser una agrupación de ese estilo, con la cual uno podría o no coincidir.
La sigla significa Primer Comando Único de la Capital, y se trata de una organización criminal brasileña nacida a principio de los años 90 en la prisión de máxima seguridad de Taubate, San Pablo, donde se forjó una suerte de cofradía carcelaria entre los reclusos que cumplían condenas bajo duras condiciones, y con el afán de vengar la matanza de Carandiru donde a manos de la policía militar murieron más de 100 presos en un motín.
El PCC hoy es considerada la organización criminal más importante de América del Sur y comparte metodologías con las temibles Maras Salvadoreñas y el no menos brutal Comando Vermelho con el cual se disputan zonas y negocios criminales.
En la actualidad posee más de 30 mil integrantes, el 70 % viviendo en penales y el 30 restante en libertad pero que mantienen un juramento de fidelidad con el PCC.
El método de ingreso al mismo es similar al de muchos clubes tradicionales de la Argentina; dos miembros tienen que presentar al aspirante, que si es admitido debe pasar luego por un ritual de iniciación, y una vez que comienza a formar parte del cartel es considerado un hermano, y ya no podrá abandonar las filas de mismo por propia voluntad.
Lo curioso es que el PCC posee una suerte de estatuto que predica un conjunto de valores “morales” que los miembros deben respetar como como lealtad, respeto, solidaridad y predica la lucha por la libertad, la paz y la justica.
Pero lo que pareciera ser una declaración de principios de una ONG noruega se convierte en la práctica en el más brutal código mafioso.
Cualquier conducta que se presuma contraria a los mismos es juzgada por una suerte de tribunales propios que analizan los hechos del infractor y deciden la pena que corresponde, pudiendo ser la muerte del mismo y hasta la eliminación de su familia.
El comando esta diseminado por todo Brasil, Paraguay donde ha protagonizado golpes resonantes y Bolivia, y se teme como lo refleja esta columna que también opere en la Argentina.
La historia ha mostrado que las cárceles suelen ser un buen lugar para el forjamiento y expansión de organizaciones criminales o terroristas.
Luego de la invasión de Irak en el 2003 como respuesta al 11S en las prisiones repletas de insurgentes que se opusieron a la misma, nació el ISIS que años después llego a delinear un califato que controlaba sectores de Irak y Siria y que se nutrió de cientos de lobos solitarios en el mundo dispuesto a actuar y a producir atentados.
En Santa Fe el crecimiento exponencial de la actividad criminal también se refleja en superpoblación carcelaria, en la cual conviven internos por delitos comunes con tiratiros o sicarios integrantes de carteles criminales.
Y si algo ha demostrado el sistema es su flagrante incapacidad para evitar que los jefes de los mismos sigan operando desde el interior de los penales, ordenando balaceras, extorsiones, y asesinatos por doquier.
Se trata de un coctel ideal para tejer alianzas con grupos criminales locales o extranjeros mientras se mantiene la capacidad operativa y financiera de las bandas.
No tenemos acceso a los expedientes judiciales correspondientes, ni de la justicia federal local ni de la de Salta actuante en la causa, pero el sentido común indica que Fuminho – brasileño detenido en Mozambique- es conocido o tiene una relación de amistad con Graniel Ruiz, boliviano y parte del PCC –prófugo- ya que en la Argentina se alojaron en el mismo departamento de la Capital Federal.
Ruiz es uno de los proveedores de la droga que llegaría a la ciudad, tarea que sería “gerenciada” por Fabián “Calavera” Peloso –detenido- y Maximiliano Gimenez, -asesinado en el triple crimen de Ibarlucea- quienes distribuían a diversos lugares del país.
Peloso además tenía de acuerdo a las investigaciones surgidas con posterioridad al triple crimen relación con Esteban Alvarado y ya había sido mencionado en un cuaderno por Carlos Arguelles, testigo de esa causa que fue asesinado antes de ratificar su declaración.
Pero no es el primer indicio sobre personajes del PCC que se dan en la región. En el 2017 el cuerpo de Maciel Amantino Wagner, reconocido dirigente de cartel criminal brasileño apareció muerto y flotando en el río Paraná.
Su familia que llego hasta Rosario a recuperar el cadáver declaró que estaba en la región para desarrollar inversiones inmobiliarias, hechos nunca constatados.
Todos estos hechos, pasados y presentes, demuestran que hay conocimiento y trabajo en común entre la organización más poderosa de América Latina como el PCC y los grupos locales, algo que no puede ser soslayado ya que en la medida que se profundice este entendimiento la capacidad operativa de las bandas locales será cada vez mayor.
Urge una política de investigación criminal intra muros, para saber que se cocina en los penales, y tratar de evitar que estas alianzas se consumen allí o sumen nuevos adeptos, y en las calles para frenar la ola de violencia.
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