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En Rosario, los cadetes reclaman implementar el botón de pánico y el monitoreo GPS

A un año de la aprobación de la Ley 14.362, el sistema de seguridad para repartidores todavía no fue implementado. El gremio pide activar las herramientas previstas por la norma.

A un año de la aprobación de la Ley 14.362, que creó un sistema de monitoreo permanente para mejorar la seguridad de los cadetes y repartidores que trabajan con aplicaciones, la norma continúa sin implementarse en Santa Fe.

Ante esta situación, el Sindicato de Trabajadores Cadetes y Repartidores de Santa Fe (Si.Tra.Rep.) volvió a reclamar la puesta en funcionamiento del botón antipánico y el seguimiento mediante GPS, dos de las herramientas contempladas por la legislación.

En Rosario se estima que alrededor de 9.000 personas realizan repartos a diario, muchas de ellas con jornadas laborales que pueden extenderse hasta 12 horas. La seguridad durante esas horas de trabajo es una de las principales preocupaciones del sector.

El reclamo en la Legislatura

Desde el sindicato comenzaron a mantener reuniones con legisladores provinciales para impulsar la implementación de la ley. Uno de los primeros encuentros fue con la legisladora Verónica Baro Graf, donde se planteó la situación de los repartidores y la falta de aplicación de la normativa.

El secretario general del Si.Tra.Rep., Nicolás Martínez, señaló que desde el Ejecutivo provincial la ley “no se pone en marcha” y reclamó avanzar con las herramientas previstas.

El sistema contempla GPS, botones antipánico y una central de emergencias, con el objetivo de mejorar la respuesta ante situaciones de robos y violencia urbana.

Qué establece la Ley 14.362

La norma, promulgada en mayo de 2025, creó un sistema de Monitoreo Informático Permanente (MIP) destinado a proteger a los repartidores independientes que trabajan mediante aplicaciones móviles.

Entre sus principales medidas se encuentran el monitoreo mediante GPS durante la jornada laboral, la incorporación de un botón antipánico, una central de emergencias y canales para denunciar delitos vinculados con la actividad.

Además, establece un padrón provincial de trabajadores y proveedores independientes del sector.

Para financiar el sistema, la ley contempla utilizar fondos provenientes de multas aplicadas a las empresas de aplicaciones.

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