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Opinión

Erbetta, en profundidad con Red Boing: “Llama la atención la falta de autocrítica de la Justicia Federal”

Foto: Farid Dumat Kelzi

En un encuentro mano a mano en el despacho de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, el Dr. Daniel Erbetta, ministro del máximo tribunal provincial, mantuvo un diálogo con Red Boing y desplegó conceptos en base a la difícil realidad que vive hoy Rosario en materia de inseguridad y narcotráfico, y la respuesta que debe dar el Estado. En el marco del encuentro de la Justicia Federal en Rosario, del cual no participó por no haber recibido una invitación formal, fue crítico de la falta de accionar de este fuero en la puja contra los delitos complejos que suceden en la región.

Apoyo a los fiscales y jueces provinciales que enfrentan a este flagelo desde Santa Fe, investigando y juzgando delitos ordinarios de estas bandas, y un llamado de atención a la falta de autocrítica de los más de 100 jueces federales y a la Corte nacional. La falta de acceso a la información sobre la Justicia Federal por parte de la prensa y de los mismos integrantes del Poder Judicial santafesino, la pirámide invertida en la estructura de ese fuero en Rosario y las reformas profundas en todos los niveles del Estado que se necesitan, de manera articulada, para salir de este flagelo, las deudas con el Ministerio Público de la Acusación (MPA), algunos de los puntos repasados en una entrevista en profundidad con el letrado.

-¿Qué diagnóstico hace de lo que sucedió en la ciudad de Rosario con la visita de la Corte nacional y más de 100 jueces federales de todo el país?

-Se ve con algo de sorpresa y con un poco de desorientación. Es muy difícil que la Justicia Federal de Comodoro Py pueda hacer un diagnóstico de lo que pasa en Rosario. Me da la impresión de que hay algún objetivo manifiesto, que es mostrar cierto compromiso institucional con un problema que afecta a Rosario, pero no desde ayer. Siempre es buena la dicha aunque llegue tarde, pero creo que hay un objetivo manifiesto y tal vez algún objetivo latente, que uno no conoce.

No es común movilizar 120 jueces. Implica que dejan de trabajar en su lugar de trabajo, un costo enorme en términos presupuestarios, por lo cual es de esperar que esta movida eventualmente no sea sólo una foto o un compromiso discursivo, sino que implique una práctica concreta.

-¿Qué leyó de los discursos que se emitieron?

Me llamó la atención la falta de autocrítica. Salvo el presidente Rosatti que señaló algunas cuestiones puntuales y señaló: “Señores, acá hay dos equipos, y hay que ponerse de un lado o del otro”. Después no noté autocrítica en la justicia federal, que en todo el país tiene una capacidad de rendimiento muy limitada sobre el narcotráfico, y en la ciudad de Rosario, obviamente, no pasa nada distinto.

En 2018 La Nación publicó una nota que decía: “Comodoro Py: los jueces con peor rendimiento en materia de narcotráfico”. Calculo que Comodoro Py ha modificado su rendimiento, pero en cualquier caso no son los más habilitados para venir a hacer diagnósticos o hablar de esta materia en nuestra ciudad. Además, no conocen la realidad de nuestra región ni la realidad que nosotros atravesamos.

Foto: Farid Dumat Kelzi

-¿Faltó algo que esperaba escuchar?

Pensábamos que ayer venían a apoyar el trabajo de los fiscales y jueces de la provincia, que son los únicos que han dado respuesta al flagelo de la inseguridad en Rosario. Verdaderamente, no vamos a aceptar que se ponga en un nivel de igualdad a la Justicia Federal y a la Provincial, porque vuelvo a repetir, porque por razones sistémicas, de recursos o lo que sea, no estuvo la Federal a la altura de la circunstancias. Mientras estaban ellos reunidos en la Facultad de Derecho, que fue prácticamente tomada porque la autonomía universitaria es sagrada y que esté militarizada no me pareció de buen gusto, los fiscales estaban finalizando los alegatos contra el Clan Alvarado y seguían trabajando.

Pareciera que estas bandas no tenían vínculos con el narcotráfico, ya que en el fuero Federal no fueron condenados en ese sentido. Tampoco otras estructuras delictivas que recién fueron juzgadas cuando desde la provincia ya las habían sido condenados por delitos ordinarios.

-¿Fueron invitados los Ministros de la Corte provincial?

Yo no estuve, pasé a saludar solamente por Decanato a los colegas. Después no me quedé porque no fuimos invitados formalmente. No fuimos convocados ni por el gobierno provincial ni por la Corte nacional, sólo hubo una llamada de un secretario de un juzgado federal de primera instancia para acompañar una invitación de una asociación gremial que es AJUFE. Pero esto es como si fuésemos invitados por Justicia Legítima, o por otra asociación. No hubo un convite formal.

-Los fiscales Edery y Schiappa Pietra denunciaron ante el Consejo de la Magistratura a un juez federal por no investigar a Alvarado. ¿Está al tanto de la situación?

Si esta hipótesis fuera cierta es la demostración de que no es solo una falta de recursos. Hubo, tal vez, otro tipo de circunstancias, si la Justicia Federal tuvo los elementos para poder haber iniciado hace años la persecución penal contra Alvarado. Allí va otro alerta al Consejo de la Magistratura, porque los fiscales han mandado los antecedentes al organismo y la Comisión de Disciplina hace 5 o 6 meses que no se reúne y no funciona. Veremos qué hacen con este tema.

Sí me parece bueno señalar que también en la provincia tenemos responsabilidades. Me parece bien que el gobernador haya tomado la iniciativa, haya convocado a una mesa de seguridad e intente articular. Pero viene la segunda parte, y no sé si el gobierno provincial tiene el diagnóstico sobre lo que ocurre y si tiene un plan para enfrentarlo. El problema de la inseguridad, de estos mercados ilegales que generan economías de subsistencia, requiere de un abordaje integrado de políticas municipales, provinciales y nacionales y no sólo de política criminal.

Las leyes de reforma policial se mandaron hace bastante a la Legislatura, y los legisladores no las han tratado. Y si no estaban de acuerdo, tampoco buscaron alternativas. Me llama la atención el silencio que hay detrás de todo esto, porque la policía está involucrada en 9 de cada 10 causas que se juzgan a estas bandas, y eso también es responsabilidad de la provincia.

-¿El problema de la Justicia Federal es sólo de recursos?

Me da la impresión que la Justicia Federal no tiene un problema de recursos, aunque sí hay vacantes, pero debe repensarse en su forma de trabajar y de gestionar. Tienen un esquema muy anticuado y tuvieron muchos años para que se implementara el sistema acusatorio, y de la mano de eso se pudiera conseguir los recursos necesarios para tener un sistema de justicia más visible, transparente y eficaz como ocurre con el de la ciudad de Rosario.

Sin embargo, la implementación del acusatorio fue resistida por los federales, y el ex ministro Garavano debió suspender la implementación, y debió sancionar después el Congreso una ley de aplicación progresiva empezando por Jujuy. Entonces, el discurso debe tener prácticas consecuentes. Si hay un discurso contra el narcotráfico, lo primero que hay que hacer en la Justicia Federal es reflexionar sobre lo que se hizo en los últimos 8 años, qué hicieron bien y qué hicieron mal. Y a futuro hay que buscar una reforma sistémica y también de recursos humanos.

-Alberto Fernández presentó un proyecto de reforma de la Justicia, ¿cómo lo vio?

El proyecto planteaba la creación de muchos nuevos juzgados federales y de fiscalías en Santa Fe. Critiqué ese proyecto porque encierra un error conceptual, porque implica más de lo mismo y no poner en vigencia el sistema constitucional que es el sistema acusatorio. Pero ese proyecto lo presentó el gobierno nacional y la oposición no lo trató, o sea que si el problema fuera de vacantes se hubiera tratado ese proyecto y ya estaría resuelto el problema de vacantes, inclusive con más cargos.

Foto: Farid Dumat Kelzi

-Desde el trabajo periodístico cuesta demasiado conseguir información sobre lo que sucede en la Justicia Federal. ¿Por qué pasa esto?

Nadie sabe qué pasa en esa justicia. Yo traté de conseguir datos en el Consejo de la Magistratura, en la Casación penal, en el Ministerio de Justicia de la Nación, y no tienen. Los últimos datos me los proporcionó Garavano, son del año 2016. No son los únicos que no tienen información.

De todas maneras, la poca visibilidad se da porque la Justicia Federal es una justicia de excepción. Han tenido visibilidad en el enjuiciamiento de los delitos de lesa humanidad, pero si usted le pregunta a un rosarino dónde quedan los juzgados federales no sabe. Aunque sí tienen un perfil menos comunicativo los propios actores de la justicia federal. La justicia ordinaria tiene una mayor apertura. Particularmente yo tengo un concepto: me parece un disparate en el Siglo XXI esto de que los jueces hablan por las sentencias. En primer lugar los papeles no hablan, y en segundo lugar creo que hoy por hoy los jueces deben dar explicaciones de lo que hacen porque son actos públicos y de gobierno. Debemos tener contacto con la prensa y explicar en lenguaje simple y llano lo que estamos haciendo, y brindar la mayor cantidad de información posible.

-¿Cómo es el trabajo que llevan adelante en la Justicia Federal en cuanto a la cantidad de causas?

La carga de trabajo no es muy pesada en términos de causas penales, y eso favorece aún más la implementación del sistema acusatorio. No hacen falta tantos juzgados federales, hacen falta fortalecer el Ministerio Público Fiscal. Fíjese que hay 3 fiscalías solamente, 2 jueces de instrucción, y 3 tribunales de juicios orales, o sea, 9 jueces para juicios. El sistema penal es una pirámide, en la base entran las denuncias que son la mayor cantidad de casos, esos casos se procesan y se van desgranando. Lo que llega a juicio es mucho menos, porque en el camino hay hechos que no son delitos, hay hechos que no tengo pruebas, otros van a abreviados, otros a probation.

Acá invirtieron la pirámide, hay 9 jueces para juicio oral y 3 fiscales para investigación preparatoria. ¿Esto a nadie le llamó la atención? ¿Nadie se planteó que estaban poniendo el carro adelante del caballo?

-¿Qué reflexión hace de la constitución de la Corte nacional hoy en día?

En Jujuy, el gobernador amplió la Corte de 6 miembros a 9. Jujuy tiene 9 ministros, ¿sin embargo a nivel nacional no se puede discutir la ampliación de la Corte? Está limitada a 4 personas y varones. Me parece que hay que empezar a hacerse cargo de la parte que le corresponde a cada uno.

-¿Y sobre el Consejo de la Magistratura?

El fallo que hace volver a una vieja ley derogada por el Congreso sale de lo regular, por decirlo de alguna manera. El fallo fue un fallo con disidencia porque era volver atrás con una ley anterior. Puedo decir, además, que lo del Consejo de la Magistratura nacional es patético. Que la política y los medios de prensa de Buenos Aires naturalicen lo patético del Consejo de la Magistratura es muy grave. Está paralizado, tiene más de 230 causas disciplinarias que no tratan. Es decir: la disciplina de los jueces federales la maneja una oficina porteña. Un juez del norte o del sur puede hacer lo que quiera, porque tiene la tranquilidad de que llega su caso por denuncia, y si llega va a una oficina porteña que no trabaja.

Cuando hablan de que le falta infraestructura no lo entiendo, la Justicia Federal tiene un presupuesto enorme. Yo no entiendo cómo se quejan aquí y ahora, después de 8 años, que no tienen destripa celulares o que no tienen computadoras que son insumos básicos siendo que tienen recursos. El acto de ayer hay que rescatarlo en un sentido de que ojalá represente un mojón de compromiso de acá a futuro de acciones conducentes, en la medida que se tenga alguna capacidad reflexiva y crítica de que algo se hizo mal.

Foto: Farid Dumat Kelzi

-Se habló de la creación de una agencia de seguimiento y trabajo conjunto, como resultado del acto. Pero esto ya se venía trabajando entre la PROCUNAR, los fiscales federales y provinciales. ¿Cambia algo?

Esta relación tiene un origen desde la procuración de Gils Carbó. Hasta se inauguró un edificio común en Corrientes y Pellegrini, para fiscales provinciales y federales. Luego se paralizó cuando Gils Carbó se vio obligada a dejar su cargo, y este tema se retomó ahora, más recientenemtne, entre fiscales federales, provinciales y alguna gente de la PROCUNAR.

Pero creo que hay un error de lectura, enviarían letrados adscriptos a trabajar, pero necesitamos fiscales empapados y que conozcan la realidad del territorio y de la complejidad de los delitos. Un jefe de fiscales tiene una obligación primaria: conocer el territorio y los bolsones de problemas para distribuir eficazmente el trabajo. Si fuera jefe de fiscales hubiera procurado un diagnóstico y hubiera dispuesto medidas, incluso criterios de intervención penal estratégicas, que apunten a potenciar la capacidad investigativa de la Justicia Federal.

-Para cerrar, y yendo al plano provincial, se vienen las renovaciones de cargos en el Ministerio Público de la Acusación. ¿Qué se dirime en este cambio?

Queremos un modelo de MPA fuerte y consolidado, y sobre todo autónomo. La provincia tiene una deuda pendiente porque ha roto la autonomía del MPA al someterlo a la potestad disiplinaria de otro poder del Estado, que es el legislativo. Hecho autóctono, realmente una rara avis, no tiene prácticamente antecedente en la legislación comparada, y me parece que debe recuperar esa autonomía. Y corregir las enormes asimetrías que tiene en el territorio: no funciona igual según el lugar donde miremos en la provincia, y tampoco si vemos las distintas unidades de investigación.

Rosario, por ejemplo, necesita fortalecer las unidades de delito económico, porque ha logrado penetrar donde nunca antes había logrado penetrar la justicia penal, que es el sector vinculado al poder económico. Pero no alcanza con la Unidad de Delitos Complejos, porque hay un nivel de involucramiento de sectores en la economía de nuestra región que demandan un reforzamiento de esta unidad.

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