La histórica disputa limítrofe entre La Rioja y San Juan sumó un nuevo capítulo y elevó la tensión política entre ambas provincias. La Legislatura riojana aprobó un proyecto impulsado por el gobernador Ricardo Quintela para reafirmar los derechos territoriales de la provincia sobre una zona en conflicto, una decisión que provocó una inmediata reacción del mandatario sanjuanino Marcelo Orrego.
La iniciativa fue aprobada con amplio respaldo en la Cámara provincial y busca fortalecer las herramientas jurídicas e institucionales para defender lo que La Rioja considera territorios históricamente comprendidos dentro de su jurisdicción.
El conflicto tiene como trasfondo una controversia que se remonta a 1968, cuando la dictadura de Juan Carlos Onganía sancionó la Ley 18.004, que fijó los límites entre ambas provincias. Desde La Rioja sostienen que esa norma modificó de manera unilateral la delimitación territorial y provocó la pérdida de áreas que históricamente consideraban propias.
La ley que aprobó La Rioja
La nueva normativa crea una Comisión Especial de Estudio, Seguimiento y Delimitación Territorial Interprovincial integrada por legisladores y especialistas en historia, geografía, cartografía y minería.
Además, faculta al Poder Ejecutivo provincial a realizar gestiones administrativas, políticas y legislativas ante el Congreso de la Nación para reclamar y consolidar el dominio territorial sobre la zona en disputa.
La ley también instruye a la Fiscalía de Estado a impulsar acciones judiciales y solicitar medidas cautelares destinadas a proteger recursos naturales, hídricos, mineros y arqueológicos ubicados en el área cuestionada.
Entre los fundamentos del proyecto se destaca que la delimitación establecida por la Ley 18.004 durante la última dictadura militar habría generado un perjuicio territorial para La Rioja, afectando zonas estratégicas como el cerro El Potro y sectores vinculados al desarrollo minero.
El trasfondo minero del conflicto
La disputa territorial cobró especial relevancia en los últimos años debido al avance de importantes proyectos mineros en la región.
Uno de los casos más sensibles es el proyecto Vicuña, que incluye el desarrollo de Josemaría, considerado uno de los emprendimientos mineros más importantes del país.
En abril pasado, una medida judicial dictada por la Cámara de Chilecito ordenó la paralización temporal de actividades vinculadas al proyecto y restringió el uso de caminos ubicados en territorio riojano, una decisión que fue celebrada por el gobierno de Quintela.
La discusión no solo involucra cuestiones limítrofes, sino también el control de recursos estratégicos y futuras inversiones mineras de gran magnitud.
La dura respuesta de San Juan
Tras la aprobación de la ley, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, respondió públicamente a través de las redes sociales y rechazó cualquier intento de revisar los límites provinciales.
“Quiero ser claro con cada sanjuanino: nuestra jurisdicción no está en discusión”, afirmó el mandatario.
El gobernador Quintela envió a la Legislatura de La Rioja un proyecto de ley para reclamar territorio que es de San Juan.
Quiero ser claro con cada sanjuanino: nuestra jurisdicción no está en discusión. Los límites rigen hace 57 años y el propio Congreso confirmó su vigencia en… pic.twitter.com/cB1J6BwbAX
— Marcelo Orrego (@DrMarceloOrrego) June 19, 2026
Orrego recordó que los límites actuales están vigentes desde hace 57 años y aseguró que fueron ratificados por el Congreso Nacional en 2014. Además, sostuvo que ninguna provincia puede modificar unilateralmente una delimitación territorial mediante una ley local.
“No vamos a permitir que se ponga en duda lo nuestro: el territorio, los recursos, el futuro y símbolos como Ischigualasto”, expresó.
El gobernador también convocó a todos los sectores políticos sanjuaninos a defender de manera conjunta los intereses de la provincia y remarcó que los recursos ubicados dentro de su territorio serán protegidos “con la ley en la mano”.
Un conflicto que promete continuar
La controversia entre La Rioja y San Juan está lejos de resolverse. Mientras el gobierno riojano busca avanzar con reclamos ante el Congreso y la Justicia, San Juan sostiene que la cuestión ya fue definida por la legislación vigente y no admite revisiones.
Con intereses económicos, mineros y estratégicos en juego, la disputa territorial vuelve a instalarse en el centro de la agenda política regional y anticipa nuevos capítulos en los próximos meses.
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