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Judiciales

Espert a indagatoria: La Justicia lo investiga por presunto lavado de US$ 200.000

Según la fiscalía, inventó una asesoría en el exterior para entrar fondos de origen ilegal a la Argentina. Esa plata habría ido a parar a vehículos de alta gama y negocios inmobiliarios en la costa.

El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, citó a declaración indagatoria al diputado nacional José Luis Espert para el próximo martes 30 de junio de 2026. La decisión responde a un pedido formal del fiscal Fernando Domínguez, quien acusa al legislador de haber llevado adelante maniobras de lavado de dinero para blanquear US$ 200.000 provenientes del empresario Federico “Fred” Machado.

Machado es una figura central en la causa: fue detenido en Argentina y extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado por fraude financiero y lavado de dinero ligado a organizaciones criminales trasnacionales (luego de un acuerdo en el que se le retiraron los cargos por narcotráfico internacional).

El recorrido de los fondos bajo la lupa judicial

La investigación se centra en una transferencia de 200.000 dólares emitida desde Estados Unidos a favor de Espert a principios de 2020. Según el dictamen de la fiscalía, el diputado habría intentado darle apariencia de legalidad a esos fondos ilícitos introduciéndolos al mercado argentino mediante las siguientes inversiones:

  • Vehículos de alta gama: La compra inicial de un BMW, que posteriormente fue vendido para adquirir un Lexus valuado en aproximadamente US$ 130.000.

  • Negocios inmobiliarios: El ingreso de fondos a un fideicomiso inmobiliario llamado “Dunas”, ubicado en el exclusivo barrio privado de Costa Esmeralda.

Fechas que no cierran: la historia detrás de la supuesta consultoría

Para justificar el ingreso de ese dinero, la defensa de Espert presentó un contrato de “locación de servicios de consultoría” firmado supuestamente el 7 de junio de 2019 con la empresa minera guatemalteca Minas del Pueblo S.A., representada por Machado. El fiscal Domínguez determinó que dicho contrato es falso y se trata de una maniobra de simulación por varias inconsistencias graves:

  1. Fechas y ubicaciones imposibles: El documento dice haber sido firmado en Guatemala. Sin embargo, los registros migratorios oficiales demostraron que Espert no registró ningún viaje a ese país centroamericano en esa fecha, y que Fred Machado se encontraba en Buenos Aires.

  2. Falta de actividad: La fiscalía no halló evidencia física ni documental de que el supuesto trabajo de consultoría sobre el proyecto minero se haya realizado jamás.

“No mostrar nada”: las escuchas que complican a su entorno

El pedido de indagatoria no solo alcanza a Espert. También fueron citados su contador, Mariano Cosentino, y se investiga a la firma Varianza S.A. (constituida por Espert y su esposa), acusados de presentar documentación contable apócrifa para camuflar los dólares.

Una de las pruebas más fuertes de la fiscalía son los audios y mensajes de WhatsApp interceptados. En esas comunicaciones, los contadores del diputado discutían abiertamente cómo hacer ingresar la plata a la cuenta, mencionaban directamente el “contrato de Guatemala” y analizaban los honorarios por hacer los arreglos bancarios y contables para justificar el saldo.

De “apenas lo conozco” al embargo total de sus bienes

La situación procesal de Espert se agravó no solo por las pruebas, sino por los drásticos giros en su versión pública. En un principio, cuando estalló el escándalo de Machado, Espert declaró en televisión que apenas lo conocía y que solo le había prestado un avión para ir a presentar su libro a Viedma en 2019. Tiempo después, admitió el vínculo comercial y argumentó que cobró los 200.000 dólares como “anticipo” por un trabajo que luego no pudo terminar debido a la pandemia.

¿Cómo sigue la situación? Además del llamado a indagatoria, Espert enfrenta graves consecuencias económicas preventivas. Desde diciembre de 2025, la Justicia mantiene congelado todo su patrimonio: el diputado no puede vender propiedades, ni disponer de los dólares y pesos de sus cuentas bancarias, teniendo acceso únicamente a los fondos mínimos que el juzgado le autoriza para el pago de sus gastos corrientes.

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