El Gobierno nacional enfrenta un escenario adverso tras el fallo judicial que ratificó la Ley de Financiamiento Universitario y lo obliga a transferir $2,5 billones a las universidades. La decisión deberá comenzar a cumplirse desde este viernes, luego de que la normativa fuera confirmada en primera y segunda instancia, mientras el Ejecutivo prepara una apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aunque con escasas expectativas de éxito.
Desde la Casa Rosada reconocen que el impacto fiscal será significativo y ya instalan la advertencia de que “vuelve el déficit”, en referencia al costo que implicará cumplir con la ley. En paralelo, el Gobierno tiene plazo hasta este jueves a las 9.30 para acatar el fallo, en medio de un proceso judicial que podría abrir un escenario de pagos inmediatos pese a la apelación.
Una fuente oficial de alto rango fue contundente sobre las chances judiciales: “La Corte te tiene que conceder el efecto suspensivo y eso no ocurrió todavía, es altamente improbable que nos lo concedan”. En ese contexto, todo indica que el Ejecutivo deberá comenzar a girar fondos mientras se tramita el recurso extraordinario.
En el Gobierno ya analizan una estrategia de pagos dosificados para afrontar el costo total. Según fuentes oficiales, “se estima en 2,5 billones el costo que tendrá que afrontar el Poder Ejecutivo a partir del viernes tras un nuevo revés judicial”.
La ley, sancionada en 2025 tras el rechazo al veto presidencial, obliga a actualizar partidas presupuestarias para el sistema universitario, incluyendo salarios, funcionamiento, salud, ciencia y extensión, en base a la inflación.
Desde el ámbito universitario, en tanto, advierten que si no se otorga el efecto suspensivo, el Gobierno deberá cumplir de inmediato. Incluso, reclaman la apertura de negociaciones salariales: “Estaría bueno que desde mañana se llame a paritarias para que los salarios vayan de acuerdo con la inflación”.
Especialistas señalan que la apelación no frenará automáticamente la aplicación de la ley. “La apelación no va a tener efectos suspensivos, pero lo pueden pedir en el extraordinario”, explicaron fuentes judiciales. Durante ese proceso se abriría un “limbo procesal”, en el cual el Gobierno deberá cumplir con la cautelar vigente y comenzar a transferir los fondos. Además, remarcan que no hay expectativas de un fallo favorable al Ejecutivo en la Corte.
El trasfondo político y el conflicto con universidades
El conflicto se da en el marco de la política de ajuste del gasto público impulsada por el presidente Javier Milei, que derivó en tensiones con rectores, docentes y estudiantes.
Según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las transferencias a universidades sufrieron una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026, mientras que los salarios acumulan una suba del 158% frente a una inflación del 280%, lo que implica una pérdida del 32% del poder adquisitivo.
El deterioro, según datos oficiales, equivale a la pérdida de 7,3 salarios mensuales en ese período.
En paralelo, el Gobierno impulsa una nueva iniciativa que plantea una recomposición salarial limitada, con tres aumentos del 4,1% a partir de marzo de 2026 y sin contemplar la pérdida acumulada entre 2023 y 2024.
Un informe del sector académico advierte que ese esquema reduciría el refuerzo presupuestario de más de $2,7 billones a apenas $187.744 millones, lo que representa una diferencia cercana a los $2,5 billones. Además, el proyecto elimina la actualización automática por inflación en varias áreas clave, reemplazándola por montos fijos y ajustes condicionados.
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