Socialmente sigue siendo tabú poner sobre la mesa una verdad tan inobjetable como despreciable: las falsas denuncias de abuso sexual en el marco de batallas judiciales por tenencia.
Engloban una faceta escalofriante de la mente humana; ser capaces de someter a menores de edad a procesos psicológicos perversos y exámenes exhaustivos innecesarios mediante los cuales se les planta la idea ficticia de que fueron víctimas de abuso por parte de alguno de sus progenitores, con quienes pierden todo tipo de contacto así como con su familia ampliada.
Lo cierto es que todo este mecanismo falaz y delincuencial (no tiene otro calificativo) no sería posible -o cuanto menos tan nocivo- si no viniera acompañado y prácticamente apadrinado por un sistema judicial perezoso, tan lento como injusto y definitivamente cobarde.
Resulta indiscutible que frente a la denuncia de semejante atrocidad como lo es una sospecha -o un mero atisbo de sospecha- de abuso sexual a una criatura por parte de alguno de los progenitores, corresponda de forma inmediata el dictado de una cautelar para evitar todo contacto y proteger al menor. Durante el lapso de tiempo que la justicia penal investigue y sancione uno de los delitos más aberrantes que una persona pueda cometer, y frente al cual el peso de la ley y la justicia deben ser inclaudicables.
El problema es cuando la realidad desnuda la mentira. ¿Por qué frente a absoluciones en el fuero penal las cautelares en el fuero civil se sostienen indefinidamente? ¿Son las cautelares un fin en si mismas?
La desnaturalización de los institutos jurídicos a manos de personas inescrupulosas no encontrarían reparo sin un sistema judicial pasivo e inactivo que vehiculice las mismas.
Las denuncias se vuelven entonces instrumentos de presión y manipulación y la materia prima de las mismas no es otra que la psiquis de las niñas y niños. La justicia poco comprometida es el gatillo que dispara el arma de destrucción masiva de vínculos, familias y futuros. Asimismo, el daño colateral e inmedible es el debilitamiento de derechos largamente batallados por colectivos minoritarios que pusieron cuerpo, alma y corazón para lograr un statu quo que hoy se pone no solo en la línea de fuego sino en la endeble cornisa del descreimiento y la desacreditación.
El respeto al contrato social es la base de la convivencia; la contribución de la justicia es la seguridad de que cuando ese pacto se resquebraja o incumple, su intervención justa, equilibrada e imparcial devolverá la paz que unos pocos pretenden embargar.
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