La nueva Ley de Biocombustibles aprobada por el Senado introduce cambios que impactan de manera directa en una actividad estratégica para Santa Fe, una de las principales provincias productoras de biodiésel del país.
El proyecto obtuvo 41 votos a favor y 25 en contra y establece un nuevo régimen con una vigencia de 15 años. Entre sus principales modificaciones aparece el aumento progresivo del corte obligatorio de biodiésel utilizado en el gasoil.
El porcentaje, que actualmente se ubica en 7,5%, pasará al 10% un año después de la promulgación de la ley. Para el bioetanol, en tanto, el corte obligatorio se mantendrá en el 12% durante el primer año y luego subirá al 15%.
Qué cambia para las empresas
Uno de los puntos centrales de la nueva legislación es la modificación del esquema de participación de las empresas no integradas.
La proporción reservada para estas compañías se reducirá progresivamente: será del 5,5% en 2029, 5% en 2030 y 3% en 2031. A partir de 2032, un 7% podrá ser comercializado entre todas las empresas.
A la vez, la ley establece un piso mínimo del 4% para las empresas no integradas entre 2031 y 2036, con el objetivo de garantizarles una participación durante el período de transición.
El proyecto también incorpora un diferencial por distancia para las plantas ubicadas en el interior, una modificación reclamada por provincias como La Pampa y San Luis.
Otro de los artículos establece que ninguna empresa podrá concentrar más del 20% del volumen anual de bioetanol comercializado para cumplir con el corte obligatorio.
Una actividad clave para Santa Fe
El debate tiene especial relevancia para Santa Fe por el peso que tiene la producción de biodiésel dentro de su complejo agroindustrial.
La provincia concentra una parte sustancial de la capacidad de elaboración argentina, vinculada principalmente a la industria aceitera y a la transformación de la producción de soja. El nuevo esquema puede modificar las condiciones bajo las cuales esas empresas participan del mercado interno.
Durante el debate, el senador José Mayans señaló que la Argentina produce alrededor de 900.000 toneladas de biodiésel y destacó el empleo directo e indirecto que genera la actividad.
Desde el oficialismo, en cambio, defendieron la apertura progresiva del mercado y el aumento de los cortes como mecanismos para ampliar la demanda y generar mayor competencia.
La senadora Flavia Royón sostuvo que el nuevo régimen busca preservar las capacidades productivas existentes y, al mismo tiempo, avanzar hacia un mercado “más competitivo, transparente y abierto a nuevas tecnologías”.
La iniciativa todavía no es ley: tras la media sanción del Senado, deberá ser tratada por la Cámara de Diputados.
Para Santa Fe, el punto central del debate será cómo la nueva estructura de cortes, cupos y participación empresarial impacta sobre las plantas instaladas en la provincia y sobre una cadena que vincula producción agrícola, industria aceitera, energía y empleo.
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