El Ministerio de Defensa concretó el pago de 80.000 millones de pesos destinados a sanear las cuentas de la obra social militar. El desembolso, orientado a cubrir contribuciones patronales que se encontraban impagas, busca dar un respiro financiero a la institución en medio de una profunda crisis prestacional.
Sin embargo, los números del organismo muestran que la inyección de fondos cubre solo una parte del problema. Según datos oficiales, el monto transferido representa apenas el 40% del pasivo total acumulado, el cual asciende a unos 270.000 millones de pesos. El remanente de la deuda corresponde, en gran medida, a los compromisos vinculados a los afiliados de las fuerzas de seguridad (Gendarmería y Prefectura).
El impacto en los afiliados
Pese al movimiento de fondos, la situación en las farmacias y centros de salud sigue siendo crítica. Los más de 340.000 afiliados continúan reportando cortes en prestaciones básicas y dificultades para acceder a turnos o medicamentos. La brecha entre el pago realizado y la deuda total mantiene en alerta a los prestadores, quienes reclaman saldos históricos que aún no fueron cancelados.
Nueva estructura en marcha
La transferencia se da en un contexto de cambio estructural: la disolución del antiguo IOSFA y la puesta en marcha de la nueva OSFA (Obra Social de las Fuerzas Armadas). Bajo la supervisión del ministro de Defensa, Carlos Presti, el Gobierno apuesta a que esta separación administrativa del personal militar respecto al de seguridad ayude a corregir el “desequilibrio financiero persistente”.
Por ahora, el proceso de liquidación del IOSFA incluye auditorías para determinar responsabilidades en el manejo de los fondos, mientras la familia militar aguarda que la reestructuración logre normalizar un servicio de salud que sigue operando con limitaciones.
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