La Justicia investiga al vocero presidencial Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, tras detectar que recibió $1.670.900 de una productora que luego tuvo vínculos contractuales con el Estado. Las transferencias se realizaron entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023, es decir, en el período previo a su asunción como secretario de Comunicación.
La causa, que se tramita en Comodoro Py, avanzó luego de que el juez Ariel Lijo ordenara el levantamiento del secreto bancario y fiscal a pedido del fiscal Gerardo Pollicita. A partir de esa medida, se incorporaron al expediente movimientos financieros que ahora son objeto de análisis.
Según la investigación, los pagos provinieron de la productora Imhouse, vinculada a Grandio, y fueron depositados en una cuenta del Banco Galicia a nombre de Adorni. El detalle de las transferencias muestra una regularidad mensual creciente:
- Diciembre de 2022: $110.000 (en dos pagos)
- Mayo a agosto de 2023: $121.000 por mes
- Septiembre a noviembre de 2023: $157.300 mensuales
- Diciembre de 2023: $605.000 (el monto más alto)
En total, los movimientos alcanzan los $1.670.900 en un año. Ahora, los investigadores analizan solicitar a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) la documentación que respalde estos ingresos.
En paralelo, la Justicia también puso el foco en los gastos personales del funcionario. Entre ellos, se confirmó un viaje familiar a Aruba realizado entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025, cuando Adorni ya se desempeñaba como vocero del Gobierno.
Por ese viaje, pagó US$1450 por pasaje en la aerolínea LATAM Airlines, lo que suma un total de US$5800 para todo el grupo familiar. Además, los investigadores analizarán los consumos con tarjeta de crédito realizados durante esa estadía, tras el levantamiento del secreto fiscal que también alcanza a su esposa, Bettina Angeletti.
Otro de los puntos clave de la investigación es la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, valuado en US$230.000. Según consta en el expediente, Adorni realizó un pago inicial de US$30.000, mientras que el resto fue cubierto mediante una hipoteca de US$200.000 otorgada por las propias vendedoras.
La fiscalía también revisa otras erogaciones en dólares, tanto vinculadas a operaciones inmobiliarias como a consumos personales, con el objetivo de contrastarlas con los ingresos declarados por el funcionario. En ese sentido, se destaca que su salario rondaba los $3 millones mensuales hasta diciembre del año pasado y se encontraba congelado, lo que abre interrogantes sobre la compatibilidad entre ingresos y gastos.
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