Después de los primeros tres meses de la gestión, el gobierno provincial envió un mensaje a la Cámara de Diputados para modificar nuevamente el Código Procesal Penal de Santa Fe. Por algunos temas burocráticos y trabas que encontraron en el andar durante este tiempo, intenta generar celeridad en las investigaciones y en el actuar inmediato ante los hechos consumados, como también generar condiciones de detención preventivas más severas. Saldrá con cambios a lo presentado desde el Ejecutivo.
Dentro de las modificaciones que planteaban desde el gobierno, había un pedido de darle más poder a la policía en la inmediatez de las investigaciones. Sin embargo, la dirección técnica seguirá a cargo de los fiscales, aunque con un cambio radical. Cada fiscal no va a seguir teniendo su propio equipo de policías -como funciona hasta hoy- sino que deberá la Fiscalía enviar la solicitud a la PDI y de ahí se asignarán uniformados que se disponga desde el cuerpo especializado.
Desde la Casa Gris, en el texto original enviado, pretendían que se puedan hacer allanamientos sin la orden del juez. Sin embargo, sólo quedó reducido a una lista de casos en los cuales sí se podrá, aunque una vez realizados se tendrán que comunicar en 24 horas para ponerlo en consideración ante un magistrado. Después de analizarlo, el letrado podrá validarlo o declarar nulas las pruebas allí recogidas si es que no se realizó con la rigurosidad de la ley.
Sobre el tema del tiempo de la prisión preventiva, hubo acuerdo para que los plazos sean de 96 horas iniciales, extensibles hasta 96 más, sin posibilidades de duplicar los plazos. Hoy el tiempo es de 72 horas y 24 más, pero se pueden replicar esos tiempos, por lo cual en total el período es el mismo. La novedad más jugosa pasa por la posibilidad de detener de manera preventiva sin ser acusado formalmente por 15 días, extensibles por 15 días más, a personas vinculadas a delitos complejos -por ejemplo, multiplicidad de homicidios o amenazas. El total ante este tipo de hechos cerraría en 35 días, ya que el fiscal tiene un plazo extra que se puede tomar para realizar la imputación correspondiente.
Dentro del articulado, aparece una novedad. El cese del Estado Antijurídico le permitirá a la policía y a la fiscalía actuar sin la necesidad de esperar la orden de un juez. Por ejemplo, si ven una usurpación, o si ven a un búnker funcionando, podrán desalojar o derrumbar en el momento sin esperar la sentencia de un magistrado. Si a la hora de la sentencia se encuentra que hubo abuso o error en el accionar, se piensa en una reposición o resarcimiento económico para que el fallo sea reparador.
El sábado pasado hubo acuerdo general y restan pequeños detalles. Esta tarde se aprobará la media sanción en la Cámara de Diputados, a la espera de que pronto lo trate el Senado. Desde el Poder Ejecutivo esperan que salga pronto de la Legislatura para poder empezar a aplicar las herramientas que les permitan más eficacia en las investigaciones, en el marco de una violencia urbana extrema que se vive en Rosario y la región.
Comentarios