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Política

Impulsan un proyecto de ley para terminar con la puerta giratoria de los delincuentes

Desde la Cámara de diputados de la provincia indicaron que la incorporación de la figura “reiterancia delictiva” tendrá como finalidad disponer de la prisión preventiva a aquellas personas que tengan antecedentes de conductas transgresoras de la ley. De esta manera se podrá establece un coto a lo que vulgarmente se denomina puerta giratoria.

La legislatura de la provincia de Santa Fe trabaja en un proyecto de ley para incorporar una modificación en el Código Procesal Penal y agregar la “reiterancia delictiva”. El agregado de dicho concepto, es para establecer la prisión preventiva ante la existencia de conductas transgresoras de la ley en busca de terminar con la puerta giratoria para delincuentes.

Por otra parte, entre los fundamentos de la iniciativa, se aclaró que ante las circunstancias de extrema violencia que actualmente vive la sociedad, el contexto, “obliga a dejar atrás los marcos teóricos que pretenden defender en forma absoluta los derechos de los delincuentes”, indica el proyecto.

“Hablamos de personas que de manera reiterada aparecen como culpables o investigados por cometer delitos y siguen los procesos en libertad. Es hora de brindarle a la justicia y, fundamentalmente a la sociedad, herramientas para poder vivir en paz”, agregó el legislador Martín Rosúa quien es uno de los legisladores que impulsa el proyecto.

“Pretendemos que, si una persona es detenida y tiene una causa judicial abierta, en la cual está imputado, espere su proceso preso”, detalló el legislador.

Antecedentes en otras provincias

En las provincias de: Mendoza, Tucumán, Chubut y Formosa son algunas de las provincias argentinas que ya pusieron en marcha este tipo de herramientas judiciales.

La reiterancia le proporciona a los fiscales una herramienta para poder limitar la libertad a sujetos que caen por sospecha de un delito y tienen antecedentes condenatorios o están imputados en otras causas por delitos dolosos.

“Entendemos que se trata de un criterio que aplicado como corresponde no afecta el principio de inocencia y supone proteger a la ciudadanía de personas que constantemente están en conflicto con la ley”, concluyó Rosúa.

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