La Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás imputó al presidente, al director y a un médico de una clínica privada de Pergamino por presunto fraude en perjuicio del Estado nacional, tras detectar la facturación de prestaciones médicas inexistentes a afiliados del PAMI.
La investigación, a cargo del fiscal federal Matías Felipe Di Lello, determinó que entre abril y diciembre de 2024 se validaron y cobraron 191 órdenes médicas electrónicas (OMES) correspondientes a consultas y prácticas que nunca fueron realizadas a 28 afiliados.
Ante el juez federal Carlos Villafuerte Ruzzo, el Ministerio Público Fiscal formalizó la imputación contra los directivos de la Clínica Centro SA como coautores del delito de fraude contra la administración pública, mientras que el médico fue señalado como partícipe necesario. La causa se inició a partir de la denuncia de una afiliada ante la unidad especializada que encabeza el fiscal Javier Arzubi Calvo.
Según la pesquisa, el profesional habría emitido al menos 110 órdenes médicas falsas que luego fueron facturadas por la institución, donde se desempeñaba en el área de internación. El perjuicio económico inicial fue estimado en más de 1,6 millones de pesos, aunque actualizado a noviembre de 2025 asciende a más de 3,2 millones.
El juez dispuso una caución real de 10 millones de pesos para cada imputado y les prohibió salir del país por 90 días, plazo en el que continuará la investigación.
Maniobra con órdenes falsas
De acuerdo con la fiscalía, los acusados utilizaron datos de afiliados que nunca se atendieron en la clínica ni presentaban las patologías consignadas. Para simular la atención, cargaban sus datos personales —como DNI— en el sistema informático oficial y luego facturaban las prestaciones al PAMI.
Las irregularidades fueron confirmadas mediante entrevistas a pacientes, análisis de registros informáticos, tareas de campo y un allanamiento realizado por la Policía Federal. En ese procedimiento, además, no se encontraron historias clínicas que respaldaran las prácticas facturadas.
Un dato clave surgió del análisis de las órdenes: en algunos casos, el médico imputado emitía entre cuatro y ocho órdenes en pocos segundos para un mismo afiliado, algo incompatible con una consulta médica real, que demanda entre 10 y 20 minutos.
Auditoría y deficiencias
Una auditoría realizada por PAMI en agosto de 2024 ya había detectado graves irregularidades en la clínica, como falta de personal, problemas en la documentación y deficiencias en equipamiento. También se constató que muchos afiliados evitaban atenderse allí por la mala calidad del servicio.
La causa sigue en curso y no se descarta la participación de otros profesionales en las maniobras, mientras la Justicia avanza en el análisis de nuevas pruebas para determinar el alcance total del fraude.
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