La Justicia federal de San Nicolás formalizó una investigación penal contra la empresa de logística portuaria Terminales y Servicios S.A. y su presidente por presuntas irregularidades en el transporte y almacenamiento de más de 30.000 toneladas de carbonato de sodio, una sustancia utilizada en distintas actividades industriales y sometida a controles estatales por su posible uso en la elaboración de cocaína.
En el marco de la causa, el juez federal de garantías Carlos Villafuerte Ruzo dispuso un embargo preventivo de $100 millones sobre el patrimonio de la firma y fijó un plazo de un año para el desarrollo de la investigación.
La pesquisa está a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada San Nicolás, encabezada por el fiscal federal Matías Di Lello. La empresa y su presidente están imputados por una presunta infracción al artículo 44 bis de la Ley 23.737, que sanciona la falsedad u omisión de información ante la autoridad de control de precursores químicos.
La investigación no implica una condena y busca determinar las responsabilidades por las irregularidades detectadas en una operatoria que involucró una carga valuada en aproximadamente 4,7 millones de dólares.
Las irregularidades detectadas en el traslado de la carga
La causa se inició a partir de un procedimiento de Gendarmería Nacional realizado el 12 de junio pasado. Según los elementos reunidos por la fiscalía, la operatoria comprendió 30.038 toneladas de carbonato de sodio importadas por una empresa minera y trasladadas desde el puerto mediante una flota de 31 camiones.
Entre las presuntas irregularidades se detectó que los vehículos y el depósito utilizado para almacenar parte de la mercadería no estaban inscriptos en el Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE). También se habría recurrido a camiones y choferes de una empresa tercerizada que no estaban registrados ante el organismo.
Además, los traslados se habrían realizado sin los remitos comerciales correspondientes y sin el Código de Autorización de Impresión (CAI) de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Uno de los puntos centrales de la investigación es el almacenamiento de 2.120 toneladas de carbonato de sodio en un depósito que no contaba con la habilitación correspondiente. Esa cantidad fue valuada en unos 337.080 dólares.
Los investigadores también detectaron diferencias de stock: 20 toneladas al comparar los datos con los registros aduaneros y otras 85 toneladas en los cruces de información con los depósitos de la firma. A eso se sumaron inconsistencias entre las fechas declaradas de arribo del buque, los pesajes portuarios y la documentación aduanera.
Camiones sin GPS y desvíos de ruta
Otro aspecto que quedó bajo análisis es el seguimiento de los vehículos utilizados para transportar la carga. De acuerdo con la información aportada por la empresa encargada de la geolocalización, 18 de los 31 camiones no tenían activo el sistema de GPS.
En los restantes se identificaron desvíos de ruta que no habrían sido informados a las autoridades.
La fiscalía también relevó presuntas inconsistencias en la documentación presentada para operar la carga, que habría sido declarada como fertilizante, además de la falta de información requerida sobre el contrato comercial y la capacidad del depósito utilizado.
Según la información incorporada al expediente, la firma regularizó posteriormente la inscripción del depósito y de los vehículos ante el RENPRE. Sin embargo, el organismo de control le impuso una multa administrativa de $504.688 por los incumplimientos detectados.
La defensa pidió el archivo de la causa
Durante la audiencia de formalización, la defensa solicitó el archivo de las actuaciones al considerar que los hechos debían encuadrarse como irregularidades administrativas.
El juez, en cambio, compartió los argumentos de la fiscalía sobre la existencia de elementos suficientes para avanzar con la investigación y consideró que la conducta denunciada podría encuadrarse en el artículo 44 bis de la Ley 23.737.
Además de formalizar la pesquisa, hizo lugar al embargo preventivo de $100 millones solicitado por el Ministerio Público Fiscal y estableció un año como plazo para avanzar con las medidas pendientes.
Por qué se controla el carbonato de sodio
El carbonato de sodio es un compuesto químico de uso extendido en la industria. Se emplea, entre otras actividades, en la fabricación de vidrio y jabones, el tratamiento de aguas y distintos procesos de la minería vinculada a la explotación de litio.
Aunque no es un estupefaciente, está incluido entre las sustancias sujetas a fiscalización como precursor químico. Su transporte, almacenamiento y comercialización deben cumplir con obligaciones específicas de registro y trazabilidad.
El control busca garantizar que la sustancia tenga un destino legítimo, ya que también puede utilizarse en procesos químicos vinculados con la elaboración de cocaína.
Por eso, la falta de documentación comercial, la utilización de transportes no registrados o el almacenamiento en depósitos no habilitados son aspectos relevantes para determinar si se cumplieron las exigencias legales.
De acuerdo con los datos expuestos por la fiscalía, la mercadería involucrada en la operatoria tenía un valor estimado de 4.766.252 dólares, mientras que Terminales y Servicios S.A. habría cobrado alrededor de 654.228 dólares por las tareas de descarga y almacenamiento.
La investigación deberá establecer ahora las circunstancias de los incumplimientos detectados y las eventuales responsabilidades penales de la empresa y de las personas involucradas.
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