A partir del 15 de octubre, Italia se convertirá en el primer país de Occidente que obligará a sus ciudadanos a vacunarse contra el COVID-19 para trabajar, ya sea en el ámbito privado o público. En el caso de que un empleado no presente el certificado, será enviado a su casa y, de no hacerlo en un plazo de cinco días, se le suspenderá de sueldo y podrá ser multado con hasta 1.000 euros.
A su vez, la medida comprende a 23 millones de personas de cualquier ámbito profesional. Los únicos que quedan eximidos de la presentación permanente del certificado verde son las personas que trabajan desde su domicilio.
La posibilidad de despedirlo, que también estaba sobre la mesa, quedó descartada por considerarse inconstitucional. Son los empleadores quienes deberán organizarse creando alguna figura que se dedique a controlarlo. Si no lo hicieran, también se expondrán a las mismas sanciones.
La imposición también alcanzará también a los 630 diputados y 315 senadores del Parlamento. Entre los principales partidos italianos se encuentran contradicciones. Por ejemplo, en la Liga, Matteo Salvini aseguró que “si la política impone el pase verde a los trabajadores, e incluso a los voluntarios, es obvio que los políticos deben ser los primeros en respetar estas reglas, empezando por el Parlamento”.
Sin embargo, el también integrante de la Liga, el diputado Claudio Borghi anunció hoy que es “contrario a la extensión del pase verde para acceder al Parlamento”, según reproduce el diario Repubblica.
Comentarios