En abril de 2023 habrá elecciones en el Ministerio Público de la Acusación de la provincia: se renuevan los mandatos de Fiscalía General, las Fiscalías Regionales y la Auditoría General de Gestión. En ese marco, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del MPA hizo público un comunicado en el que solicitan al gobernador Omar Perotti y las autoridades de los poderes de la provincia “un mecanismo que garantice transparencia, publicidad, excelencia, celeridad y paridad y perspectiva de género“.
La Asociación también cuestionó que en el MPA haya existido una “etapa de deslegitimación interna y pública, fruto de las acciones de autoridades seleccionadas sin ningún rigor técnico o moral”. Por eso piden “sensibilizar a las autoridades superiores de la provincia sobre la importancia medular de que este proceso de designación y selección sea orientado con absoluta seriedad técnica y con una profunda generosidad política”.
Para la Asociación, que preside la fiscal Gisela Paolicelli, para que la designación de autoridades del MPA cuente con legitimidad institucional, técnica y social, el procedimiento de selección tendría que asegurar ciertas condiciones, resumidas del siguiente modo:
Publicidad suficiente y debidamente anticipada de las condiciones de postulación y de los criterios y mecanismos que habrán de utilizarse para realizar el proceso de selección. Asimismo, publicidad suficiente de todos los documentos que integren el trámite administrativo y de los perfiles de las y los postulantes.
Excelencia técnica. Integración de los tribunales de evaluación con profesionales y referentes de reconocida trayectoria nacional, tales como Profesores/as Titulares o Eméritos/as de Universidades Nacionales en materias pertinentes a la función, Procuradores/as y Fiscales/las Generales o ex Procuradores/as o Fiscales/las Generales de Provincias o de la Nación, Referentes de Organizaciones de la Sociedad Civil de Reconocida Trayectoria en las temáticas afines (v.gr. Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal, Asociación Argentina de Profesores de Derecho Procesal, Federación Argentina de Magistrados, Asociación por los Derechos Civiles, Asociación por la Igualdad y la Justicia, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, Centro de Estudios Legales y Sociales, Unidos por la Justicia, entre otros), e integrantes o ex integrantes de organismos internacionales involucrados en la temática del sistema de justicia penal (CIDH, CEJA, ILANUD, etc.).
Participación de las y los integrantes del MPA: Una vez más, postulamos el reclamo de las y los Fiscales y Funcionaries del MPA, para que se nos brinde participación en los procesos de selección de autoridades de nuestra Institución, por intermedio de las Asociaciones que nos nuclean (Esta Asociación y la Asociación de Fiscales de la 1ra. Circunscripción).
Paridad y perspectiva de género. Debería garantizarse la paridad y la perspectiva de género, tanto en la integración de los tribunales de evaluación, como en los criterios de selección de las personas elegidas para ocupar cargos.
Transparencia y razonabilidad. Las calificaciones de los antecedentes y de las pruebas de oposición deberían realizarse y documentarse de forma separada y específica, con un detalle particularizado de los puntajes asignados, evitando confundir la calificación técnica con la discrecionalidad política en las instancias de selección.
Evaluación de las/los candidatas/tos sobre la base de la presentación y defensa de un plan de gestión y de orientación político criminal. No resulta aceptable que, como ha ocurrido en oportunidades anteriores, la prueba de oposición consista en una entrevista más o menos carente de sistemática, sobre conocimientos jurídicos generales. La selección de estas autoridades debería realizarse sobre la base de un plan de trabajo que incluya pautas de gestión y de política criminal. Estos planes, además, deberían contener objetivos claros, medibles y evaluables, y ser puestos a disposición de la comunidad y del escrutinio público.
Publicidad de las instancias orales de oposición. Las instancias de oposición deberían ser video-transmitidas a través de plataformas online, garantizando la máxima publicidad y transparencia.
Utilización de la discrecionalidad política y participación ciudadana. Una vez seleccionados/das las personas cuyo pliego haya de ser enviado a la Legislatura para su aprobación debería generarse una instancia de audiencias públicas generales, con posibilidad de participación de la sociedad civil, en las que las personas cuyo pliego se promueva respondan a las inquietudes de la comunidad.
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