El Gobierno de Donald Trump activó una nueva ronda de aranceles sobre importaciones provenientes de más de 80 países y economías, con tasas que van del 10% al 12,5%. La administración estadounidense justificó la medida al señalar que esas naciones no cuentan con controles suficientes para impedir el ingreso de productos elaborados mediante trabajo forzoso.
Las nuevas tarifas comenzaron a regir a las 00:01 y reemplazaron el arancel global temporal del 10% que había vencido el jueves. La Casa Blanca recurrió a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta que permite a Washington responder ante prácticas comerciales que considera injustas o discriminatorias.
El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, defendió la decisión y afirmó que los porcentajes aplicados y las excepciones establecidas son “apropiados” para presionar a los países alcanzados a modificar sus políticas.
La medida generó cuestionamientos inmediatos entre varios gobiernos, que rechazaron la interpretación de Washington y denunciaron que el argumento sobre el trabajo forzoso es utilizado como una herramienta de presión comercial.
Brasil cuestionó la decisión y México quedó protegido por el T-MEC
Uno de los países que reaccionó con mayor dureza fue Brasil. El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva acusó a Estados Unidos de utilizar la lucha contra el trabajo forzoso como una excusa para avanzar con una política proteccionista.
Desde Brasilia señalaron que Washington “manipuló” una problemática internacional para justificar nuevos obstáculos comerciales. Además, la medida se suma a un arancel del 25% aplicado recientemente contra productos brasileños por supuestas prácticas comerciales desleales, lo que elevaría la carga total sobre algunas exportaciones hasta el 37,5%.
En cambio, México logró evitar el impacto principal de los nuevos gravámenes gracias al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La Secretaría de Economía mexicana informó que alrededor del 85% de sus exportaciones continuará ingresando al mercado estadounidense con arancel cero.
Chile, Japón y Australia también rechazaron los nuevos gravámenes
Chile anunció que buscará ser excluido de la lista de países afectados y defendió sus estándares laborales. La Cancillería chilena sostuvo que la decisión estadounidense no coincide con la institucionalidad del país ni con los antecedentes presentados durante la investigación.
Japón calificó la medida como “lamentable” y afirmó que sus industrias cumplen con las normas internacionales. Tokio recordó además que mantiene un acuerdo comercial vigente con Estados Unidos, alcanzado en 2025, que establece un arancel del 15% para gran parte de sus exportaciones.
Corea del Sur también pidió preservar el entendimiento comercial firmado con Washington, mientras que Australia reclamó la eliminación de los nuevos impuestos al considerar que son incompatibles con su acuerdo de libre comercio.
El ministro australiano de Comercio, Don Farrell, afirmó que su país posee “algunas de las medidas más sólidas del mundo” contra el trabajo forzoso y la esclavitud moderna.
Nuevas tensiones comerciales y negociaciones abiertas
Nueva Zelanda también cuestionó la decisión y sostuvo que la investigación estadounidense no presentó pruebas suficientes para respaldar las acusaciones. Su primer ministro, Christopher Luxon, advirtió que “los aranceles no son el camino” porque generan mayores costos e incertidumbre para las empresas.
En contraste, Panamá celebró haber quedado fuera de la lista y consideró la exclusión como una señal positiva dentro de su relación con Estados Unidos.
En Filipinas, empresarios expresaron preocupación por el impacto de la nueva tarifa del 12,5%, mientras que el Gobierno defendió sus políticas contra el trabajo forzoso.
Canadá, por su parte, confirmó que continuará negociando con Washington para evitar nuevos aranceles previstos para agosto. El primer ministro Mark Carney afirmó que “todo está sobre la mesa” ante la posibilidad de nuevas medidas estadounidenses.
La decisión de Trump vuelve a colocar al comercio internacional en el centro de la agenda geopolítica de Estados Unidos, en un escenario marcado por disputas sobre cadenas de suministro, competencia industrial y el rol de Washington frente a sus principales socios comerciales.
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