Estados Unidos comenzará a aplicar desde este viernes un nuevo esquema de aranceles sobre productos importados provenientes de 60 países, con tasas que irán del 10% al 12,5%, tras el vencimiento del régimen temporal implementado meses atrás por el presidente Donald Trump. La medida también alcanzará a Argentina, que integrará el grupo de países gravados con la alícuota más baja.
La decisión fue anunciada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) y se fundamenta en investigaciones que concluyeron que numerosos países no aplican de manera efectiva prohibiciones sobre la importación de bienes fabricados mediante trabajo forzoso. Según el organismo, las economías involucradas representan aproximadamente el 99,4% de las importaciones estadounidenses.
El nuevo esquema reemplazará a los aranceles generales del 10% que la administración de Trump había establecido de forma provisoria mientras buscaba una alternativa tras un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que limitó la capacidad del Poder Ejecutivo para imponer determinados gravámenes sin autorización del Congreso.
Argentina, entre los países con el arancel más bajo
El USTR determinó que la tarifa del 10% se aplicará a aquellos países que cuentan con prohibiciones sobre la importación de productos elaborados mediante trabajo forzoso, que asumieron compromisos para implementar esos controles a través de acuerdos comerciales o que poseen mecanismos parciales destinados a impedir el ingreso de esos bienes.
Dentro de ese grupo figuran Argentina, Canadá, México, Reino Unido, India, Malasia, Pakistán, Bangladesh, Indonesia, Sri Lanka, Camboya, Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador, Jordania y Trinidad y Tobago, entre otros.
En cambio, determinados productos provenientes de la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Suiza enfrentarán aranceles de entre 10% y 12,5%, descontando los gravámenes ya vigentes bajo el régimen de nación más favorecida. Otros países incluidos en la investigación recibirán directamente la tasa máxima del 12,5%.
China quedó fuera del nuevo esquema
China no fue incluida en esta nueva lista debido a que mantiene un régimen comercial diferenciado con Estados Unidos y ya enfrenta un sistema específico de aranceles sobre sus exportaciones.
Para poner en marcha el nuevo esquema, la administración estadounidense recurrió a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta legal que habilita la imposición de restricciones económicas a países considerados responsables de prácticas comerciales injustificadas, irrazonables o discriminatorias.
El objetivo: combatir el trabajo forzoso
Desde el Gobierno estadounidense sostienen que la decisión busca incentivar a otros países a fortalecer los controles sobre las cadenas de producción.
Según explicó el USTR, durante el proceso de evaluación algunas economías modificaron sus normativas internas y lograron reducir el impacto de las tarifas. El caso más representativo fue India, que inicialmente iba a recibir un arancel del 12,5%, pero finalmente quedó alcanzada por el 10%.
La medida contempla algunas excepciones. Quedarán excluidos determinados productos como petróleo, gas y fertilizantes, además de las mercaderías que ingresen bajo las condiciones de libre comercio previstas en el acuerdo USMCA, que integran Estados Unidos, México y Canadá.
Quién pagará los nuevos aranceles
Los nuevos gravámenes serán abonados inicialmente por las empresas estadounidenses que importen los productos alcanzados. Sin embargo, gran parte de esos costos suele trasladarse posteriormente a los consumidores mediante aumentos de precios.
La administración de Donald Trump sostiene que el objetivo principal no es recaudar, sino modificar las prácticas comerciales de otros países, proteger a los trabajadores estadounidenses y reducir los desequilibrios en la balanza comercial.
Continúan las investigaciones comerciales
El endurecimiento de la política comercial coincide con otras investigaciones abiertas por Washington. Actualmente, el USTR analiza si 16 países incurrieron en prácticas vinculadas con la sobreproducción de bienes, una situación que podría afectar a las empresas estadounidenses al reducir los precios internacionales.
En paralelo, el debate también involucra el impacto que estas medidas pueden tener sobre la erradicación del trabajo forzoso. Diversas organizaciones especializadas en derechos laborales consideran que las restricciones comerciales pueden generar presión para que los gobiernos adopten controles más estrictos, aunque advierten que esas políticas deben ir acompañadas por mecanismos eficaces de fiscalización.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el trabajo forzoso como todo trabajo o servicio exigido a una persona bajo amenaza de una pena y para el cual dicha persona no se ofreció voluntariamente. Según sus datos más recientes, alrededor de 27,6 millones de personas se encontraban bajo esa condición en 2021.
En ese contexto, distintos especialistas en derechos humanos sostienen que las prohibiciones de importación pueden convertirse en una herramienta útil para combatir esta práctica, aunque remarcan que los países afectados necesitan tiempo y asistencia para desarrollar sistemas de control capaces de garantizar el cumplimiento efectivo de las nuevas exigencias.
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