La Justicia federal profundizó la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y ordenó una serie de nuevas medidas de prueba para determinar si es posible justificar el crecimiento de su patrimonio a partir de inversiones en Bitcoin realizadas entre 2013 y 2018.
La decisión fue adoptada por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien solicitó un informe técnico sobre la evolución de la cotización de la criptomoneda durante los últimos 13 años. El objetivo es establecer si la inversión inicial de USD 200.000 que aseguró haber realizado el funcionario pudo transformarse en aproximadamente USD 500.000, generando una ganancia cercana a los USD 300.000, dinero que permaneció sin declarar durante años.
La medida forma parte de una ampliación de la pesquisa, que ahora abarca períodos previos a la llegada de Adorni al Gobierno de Javier Milei. Además, los pedidos de información incluyen a su esposa, Bettina Angeletti, y a distintos organismos públicos para reconstruir la evolución patrimonial del matrimonio.
Uno de los principales ejes de la investigación será determinar la trazabilidad del capital inicial utilizado para la compra de criptomonedas. Para ello, la fiscalía busca establecer de dónde provinieron los USD 200.000 que, según sostuvo Adorni, fueron destinados a la inversión.
En paralelo, Pollicita ordenó realizar un estudio de “fuentes abiertas”, que incluirá el relevamiento de medios periodísticos, entrevistas públicas y publicaciones en redes sociales. El objetivo es recopilar todas las declaraciones realizadas por el funcionario sobre criptomonedas antes de asumir cargos en la administración nacional.
La tarea de analizar la evolución histórica del Bitcoin fue encomendada a la Dirección de Asistencia Fiscal en Investigaciones (DAFI), organismo que ya trabaja sobre los ingresos y gastos del jefe de Gabinete desde su nombramiento como vocero presidencial. Ese informe busca detectar posibles inconsistencias patrimoniales que puedan derivar en una intimación formal para que presente explicaciones, paso previo a una eventual declaración indagatoria.
La fiscalía también decidió retroceder más de una década en el análisis patrimonial. Por ese motivo solicitó información a la ANSES, ARCA y otros organismos estatales sobre las actividades económicas y laborales tanto de Adorni como de su esposa desde el año 2012.
La ampliación del período investigado surgió luego de que el funcionario justificara un incremento patrimonial superior a los USD 500.000 afirmando que había realizado una apuesta significativa en criptomonedas, especialmente durante 2014, cuando el valor del Bitcoin era considerablemente inferior al actual.
La Oficina Anticorrupción ya remitió al fiscal la declaración jurada correspondiente a 2025 presentada esta semana por Adorni. Sin embargo, aún no fue enviado el anexo reservado que corresponde a su esposa, ya que ese documento todavía no fue incorporado al expediente.
Según la presentación oficial, el jefe de Gabinete declaró un patrimonio cercano a los 945 millones de pesos. En una entrevista televisiva explicó que gran parte de ese crecimiento se debe a la inversión realizada en criptomonedas.
Además, informó deudas por más de $317.000 y cerca de USD 188.000. Entre los bienes declarados figuran una vivienda ubicada en el country Indio Cuá, valuada en $156.926.249, y un departamento con cochera sobre la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, tasado en $255.844.500.
De acuerdo con la documentación presentada, ambas propiedades fueron incorporadas al patrimonio familiar durante el período en que Adorni ya se desempeñaba como funcionario público.
Con estas nuevas medidas, la Justicia intentará determinar si el crecimiento patrimonial declarado por el jefe de Gabinete puede ser explicado mediante sus inversiones en criptomonedas o si existen inconsistencias que justifiquen avanzar en la investigación.
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