La Justicia federal dispuso una nueva serie de medidas para avanzar en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La decisión fue impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita en el marco de la causa que tramita en el Juzgado Federal N° 4, a cargo de Ariel Lijo, con el objetivo de verificar la denominada “coartada cripto” del funcionario y profundizar el análisis de su patrimonio, sus gastos y los movimientos económicos de personas de su entorno.
Entre las medidas ordenadas, Pollicita solicitó un informe a la Comisión Nacional de Valores (CNV) para identificar qué plataformas, exchanges, billeteras virtuales e intermediarios operaban en Argentina desde 2012. La información busca contrastar la versión brindada por Adorni, quien afirmó haber comenzado a invertir en Bitcoin en 2013 y haber transformado una inversión inicial de 200.000 dólares en una ganancia adicional de 300.000 dólares.
La fiscalía intenta determinar qué posibilidades reales existían en aquellos años dentro del mercado de criptomonedas. En ese contexto, una reconstrucción realizada por el ingeniero y especialista en blockchain Fernando Molina indicó que, para 2014, apenas el 0,48% de las más de tres millones de billeteras de Bitcoin existentes en el mundo habían invertido montos iguales o superiores a 56.000 dólares, una referencia que sirve para dimensionar la magnitud de la cifra mencionada por el funcionario.
Además, el fiscal solicitó a la CNV los antecedentes regulatorios vinculados a los activos virtuales y pidió que se informe si existía algún tipo de registro formal de prestadores de servicios relacionados con criptomonedas desde 2012. Paralelamente, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) comenzó a elaborar un informe técnico sobre la evolución histórica del valor del Bitcoin desde 2013 hasta la actualidad.
La investigación también se concentra en aspectos patrimoniales vinculados a una propiedad que Adorni adquirió y remodeló en el country Indio Cuá. Por ese motivo, la fiscalía solicitó los registros de ingresos y egresos correspondientes al lote 380, donde se encuentra la vivienda.
Según explicaron fuentes judiciales, la intención es reconstruir exclusivamente cuestiones relacionadas con las obras realizadas en el inmueble y determinar quiénes participaron de esos trabajos, sin investigar reuniones o visitas personales ajenas a ese objetivo.
La remodelación estuvo a cargo del contratista Matías Tabar, quien declaró haber cobrado 245.000 dólares por las tareas realizadas. También aseguró haber actuado como intermediario en distintas compras efectuadas por el funcionario, recibiendo dinero en efectivo para concretar diversas adquisiciones.
Durante el avance de la investigación, un peritaje realizado sobre el teléfono celular de Tabar permitió detectar una compra de ropa de cama y artículos de blanquería por 8.183.303 pesos. La factura fue emitida el 2 de junio de 2025 a nombre de una tercera persona.
Ante la sospecha de que la adquisición pudiera estar vinculada al jefe de Gabinete, Pollicita solicitó información a la empresa vendedora para identificar al destinatario final de la operación y establecer quién financió efectivamente el gasto.
Otra línea de investigación apunta a corroborar si Silvia Pais, madre de Adorni, se trasladó a vivir al barrio privado Fincas de Iraola, en Berazategui. En caso de confirmarse, la administración del country deberá informar en un plazo de 72 horas desde cuándo reside allí, si ocupa la propiedad como dueña o inquilina y cuáles son los costos asociados al inmueble.
En paralelo, el fiscal pidió información sobre otra causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete y diputado bonaerense de La Libertad Avanza. El requerimiento fue dirigido al fiscal Guillermo Marijuán y al juez Daniel Rafecas.
La solicitud incluye cualquier dato relacionado con bienes familiares, dinero en efectivo, la sucesión de Jorge Adorni o elementos que puedan tener conexión con la investigación patrimonial que actualmente se desarrolla sobre el funcionario nacional.
Las nuevas medidas judiciales alcanzan además a los antecedentes laborales de Manuel Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. Pollicita pidió informes al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, para determinar si ambos trabajaron para la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores, entidad vinculada a la Universidad Abierta Interamericana.
Según las sospechas que se analizan en Comodoro Py, Adorni habría prestado servicios allí entre 2017 y 2023, mientras que su esposa lo habría hecho desde 2018. La fiscalía busca conocer qué cargos ocuparon, qué ingresos percibieron durante esos períodos y si presentaron declaraciones juradas relacionadas con esas actividades.
Comentarios