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Rosario

La marca de la gorra: historias de comisarios y ex policías vinculados con bandas narco en Rosario

Esta semana el fiscal Franco Carbone imputó contra una banda que había estado involucrada en varios homicidios y que tenía un minimarket 24 hs, donde se vendían drogas y se gestionaban armas para otros delitos, en pleno corazón de Arroyito. Uno de los integrantes era un policía retirado y también actuaban presos en la preparación de delitos.

El dato de un ex uniformado como parte de la organización debería llamar la atención, aunque no tanto si se revisan los antecedentes del último tiempo. Por eso aquí surge un primer interrogante: además de lo obvio, que es la necesidad de controlar a los policías en servicio, ¿alguien se encarga de seguir las trayectorias de quienes son dados de baja de la fuerza? Porque la repetición de investigaciones judiciales a bandas narco en Rosario en las que aparece un comisario en actividad, pero también ex agentes, es alarmante.

El kiosco baleado por error 

La investigación del caso en Arroyito se había iniciado de manera casi fortuita, con una balacera a varios negocios de Génova y Alberdi a comienzos de septiembre en horario comercial.

En las primeras horas después de aquel hecho, no aparecían pistas para los disparos. El kiosco atacado no había sido robado, la carnicería y la agencia de lotería de la misma cuadra tampoco. Tampoco venían recibiendo extorsiones.

Por eso costaba entender por qué dos hombres en moto habían parado frente al kiosco más cercano a Alberdi, casi frente al Banco de Santa Fe, para que uno de ellos entre y empiece a disparar.

La sorpresa fue la información que aparecería después, con la investigación del fiscal: la clave estaba en quienes no habían sido atacados. Es que el único comercio de la cuadra que no había recibido balazos era -paradójicamente- el lugar al que los tiratiros tenían previsto ir, pero habían errado el blanco. Suena insólito, pero la rusticidad que evidencia el sicariato rosarino todo lo puede.

Lo que logró reconstruir Carbone fue que casi contra la otra esquina hacia el oeste, había un minimarket que funcionaba las 24 horas, que no había recibido ningún balazo ese día. Sus empleados no habían querido hablar con los medios que fueron al lugar. Pero luego alguien en estricta reserva sugirió ante la justicia que quizás los tiratiros podían haber equivocado el blanco: “Hace tiempo se dice que está vinculado con la policía y sospechamos que ahi vendan droga”, fue el dato inicial.

El joven del kiosco que fue baleado “por error” casi pierde su vida.

Mudanza a la zona sur

El negocio en cuestión cerró al día siguiente del ataque en la cuadra y no volvió a abrir, al menos en ese lugar. Fiscalia detectó que el mismo minimarket se había mudado a Barrio Municipal, en la zona sur de la ciudad. El titular del comercio era Edgardo Ávila, un policía retirado que en las primeras entrevistas del personal de calle para la investigación mostró dudas y contradicciones. Su hermana, también policía. El hijo de él, estaba preso.

Cuando se le pregunta a Ávila a la semana siguiente de la balacera, se desentiende: “Dice no haber estado en el momento del hecho y haber cerrado el local por temor a que le disparen a algún empleado, usando claramente esta artimaña con el fin de distraer la investigación. Por otro lado, en esa misma fecha al ser consultado por su aparato telefónico mostró un teléfono celular marca Nokia modelo 1100, que no poseía conversaciones, ni mensajes, ni fotos, ni ningún tipo de información, siendo otro de sus artilugios para ocultar información”, explicaría el documento del fiscal Carbone a la hora de imputar.

Sin embargo, cuando se intervino su teléfono se verificó que hablaba en forma recurrente con su hijo preso sobre esconder armas y borrar chats, así como tener cuidado porque podían estar siendo escuchados. También había conversaciones sobre homicidios recientes y utilización de lenguaje en código. En las charlas de los integrantes de la banda, las pistolas eran “cañas de pescar”.

La disputa territorial

En dos meses de investigación, Carbone pudo desenredar la trama y avanzar sobre la hipótesis de que a la balacera de septiembre la había encargado Francisco Riquelme, preso y de reconocida capacidad de dar órdenes sobre soldaditos y búnkeres en barrio Ludueña, vinculados al grupo del líder narco Esteban Alvarado.

El MPA también pudo hacer un seguimiento del minimarket ya mudado a la zona sur, a una de las Torres del Barrio Municipal sobre calle Sánchez de Thompson. Y verificó que el comercio era usado como pantalla para continuar con la presunta distribución de drogas y armas. La investigación detectó a través de teléfonos intervenidos que uno de los integrantes de la banda había sido responsable del crimen de Marianela Orellana el 22 de abril en Empalme Graneros, una joven que era prima de Francisco Riquelme. El aparente autor de ese hecho estaba viviendo ahora en una pensión céntrica, en calle Buenos Aires casi 3 de Febrero. Ese lugar también era usado para guardar armas.

El hijo del policía retirado, preso por un homicidio, daba las instrucciones desde la cárcel: “Mencionaba caramelos, llevar confites y que cada uno tenga 15 sorpresitas, lo que podría llegar a tratarse de municiones por la capacidad de carga de los cargadores de las pistolas”, sostuvo la acusación de la Fiscalía.

En la misma charla, se hacía referencia a que había que organizarse con más cuidado para seguir actuando en Empalme Graneros, por la llegada de gendarmes. Todo era dicho en código: “Está lleno de mate cocido el barrio“, decían.

“Está lleno de mate cocido el barrio”, dice uno de los mensajes de la banda, en relación a la presencia de Gendarmería.

Controlar a los policías

Hace pocos meses, en una investigación del fiscal Pablo Socca, se había encontrado que una importante organización que había ejecutado balaceras y extorsiones, que administraba búnkeres en barrio Ludueña y Empalme y que estaba relacionada con Los Monos, tenía a un ex policía de apellido Almada como integrante: cuando se allanó su casa, se encontraron cuadernos con valiosa información. Para el funcionario del MPA esos eran los datos de la recaudación semanal por la venta de droga.

En 2012, la entonces jueza federal María Laura Cosidoy denunciaba la connivencia de policías con el narcotráfico en Rosario. Llevó inclusive su preocupación al Congreso Nacional. Pasó una década de aquello. Cayeron los jefes de las organizaciones narco y sus segundas líneas también están en la cárcel. ¿Cambió algo? Sí, para peor.

La venta de drogas persiste y la violencia entre las bandas para “ordenar” el negocio creció exponencialmente. En diez años, Rosario se mantuvo siempre por encima del promedio nacional de homicidios. Y en 2022 va camino de tener el peor promedio de asesinatos de su historia.

En agosto pasado en entrevista con el diario La Nación, el juez de la Corte Suprema provincial, Daniel Erbetta, manifestó: “Desde hace años se perdió control político de la policía. Y cuando esa fuerza se autogobierna, se descontrola. En la Justicia tenemos una cantidad de policías condenados como no hay antecedentes en la historia argentina. Son datos objetivos, no es especulación. Había unidades de la policía que trabajaban para una organización que lideraban Los Monos y sectores que trabajaban para la que encabezaba Alvarado”.

Como está dicho, el problema es recurrente y lleva tiempo. Y no se trata solamente -como la historia contada en la apertura de esta nota, del minimarket en Arroyito- de actores menores en la fuerza, de policías retirados y de grupos barriales con alcance territorial escaso: en la provincia de Santa Fe hubo muchos jefes en actividad a los que se les encontró relación con el delito al que debían combatir.

Para no aburrir con la lista, usted mismo puede googlear los nombres de los comisarios Alejandro Druetta y Hugo Tognoli, ambos jefes de la fuerza en la provincia. O de Juan Ángel Delmastro, Ángel Avaca y Abraham Lescano, condenados en el juicio a Los Monos de 2018; o Lucio Di Franco, Gustavo Spoletti, Luis Quevertoque, los hermanos Marcelo y Martín Rey, condenados como integrantes de la banda de Alvarado; o el ex jefe de la Comisaría 12, Iván Aguirre o el policía federal Cristian Negrette, entre otros. También se puede buscar el caso del oficial Javier Makhat, que estaba a cargo de la División Drogas Peligrosas y fue encontrado por sorpresa en un allanamiento en un lujoso departamento en la zona del shopping Alto Rosario, donde efectivos de las TOE pensaban que podía estar escondido Alvarado, a fines de 2018. Vivía ahí mismo, donde guardaba una camioneta Jeep y tenía dos cocheras, más otra casa en Funes. Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra determinaron que en realidad el policía era testaferro del propio líder narco al que debía perseguir.

Todos los nombres mencionados en el párrafo anterior fueron parte de alguna causa judicial, separados de sus cargos y recibieron condena (leve, a juicio de quien firma este artículo). Ahora bien, ¿tiene el Ministerio de Seguridad herramientas y decisión para controlar a su personal de manera estricta? ¿Los anticuerpos de la propia fuerza son suficientes para evitar que haya nuevos casos? ¿Cómo repercutirá en un agente de grado bajo el hecho de ver que cuando un jefe aparece como parte de una banda puede arreglar un juicio abreviado que le permite seguir en su casa pagando una multa, pero sin terminar preso?

La Agencia de Control Policial, hoy a cargo de la ex jueza Raquel Cosgaya, suele emitir partes de prensa notificando la detección de algún caso de corrupción en la fuerza. Pero a juzgar por la historia de los últimos años, el problema parece ser más complejo y estructural.

Se puede ver, por ejemplo, con un hecho reciente en el barrio Ludueña, una de las zonas más calientes de Rosario en 2022: en el velorio de Esteban “Chuchu” Cuenca, un joven que había sido asesinado por error al quedar en medio de una persecución de sicarios a un soldadito narco que vendía droga en una plaza, su familia contó con dolor que en la misma manzana de la Comisaría del barrio, la 12, seguían funcionando cinco búnkeres. Dos meses antes de ese relato, se había imputado al titular de la dependencia, el subcomisario Iván Aguirre. Cuando fue allanado, tenía en su casa dos vehículos robados y a uno de ellos le había colocado la patente de un patrullero. Hoy está en libertad, a cambio de una multa y reglas de conducta.

Cuando las TOE allanaron en Condominios del Alto buscando a Alvarado, encontraron al jefe de Drogas Peligrosas, el comisario Makhat. Era testaferro del narco.

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