En el marco del fin de semana, la pareja de Wanda Nara —Martín Migueles— se vio involucrado en una investigación judicial liderada por el fiscal Franco Picardi, ya que lograron acceder al teléfono secuestrado del empresario de nordelta.
Según información aportada por los agentes a cargo de la investigación, se reveló una gran maquinaria de corrupción que se manejaba en las sombras del cepo cambiario. En el marco de esa red, se descubrió que el novio de Wanda Nara cobraba coimas de entre el 10% y el 15% para sortear las restricciones del sistema SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina).
Asimismo, el fiscal determinó que Migueles poseía la función de nexo clave entre privados y funcionarios públicos. Uno de los puntos que se destaca en la investigación, es que el empresario garantizaba autorizaciones de importaciones en tiempo récord a cambio de que le paguen en dólares, con billetes.
En base a la evidencia recolectada del celular secuestrado, se escuchan audios en donde Martín Migueles declara: “Yo lo consigo un punto menos, 11 puntos y te sale en una semana con toda la furia”, en referencia del porcentaje del soborno calculado sobre el valor del dólar oficial. Estos intercambios permiten observar una estructura jerárquica de reparto económico donde, tras la firma de las autorizaciones, se exigía el pago inmediato de las comisiones.
La pareja de Nara no actuaba en soledad sino que en los mensajes aparecen nombres de empleados gubernamentales que operaban desde los pasillos del Ministerio, coordinando la “vía rápida” para liberar declaraciones.
El fiscal Picardi busca ahora identificar a los eslabones superiores de esta organización, mencionados en los chats como “la señora” y “el Pato”. Mientras tanto, la situación procesal de Martín Migueles es crítica: ya integra la lista de imputados en una causa que promete revelar los secretos más oscuros de la discrecionalidad administrativa en el acceso a las divisas.
A partir de la filtración de las pruebas, el abogado de Martín Migueles, Yamil Castro Bianchi, se presentó ante la Justicia para desvincular al empresario de la red de corrupción. Según el profesional, Martín Migueles actuaba simplemente como un “intermediario” comercial y nunca mantuvo contacto directo con funcionarios públicos para la aprobación de las SIRA.
Bianchi argumentó ante el fiscal Franco Picardi que las comisiones mencionadas en los audios corresponden a tareas de gestoría y honorarios profesionales, propios de la actividad de abogados y contadores, y no al pago de coimas.
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