La Cámara de Diputados comenzará este miércoles el tratamiento del proyecto de ley anti barras impulsado por el Poder Ejecutivo, una iniciativa que busca fortalecer las herramientas legales para prevenir y reprimir los delitos vinculados a los espectáculos deportivos y combatir el accionar de las organizaciones de barrabravas.
La reunión fue convocada por la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, para las 12. Está prevista la participación de funcionarios del Ministerio de Seguridad, quienes expondrán los principales alcances de la propuesta y responderán consultas de los legisladores.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la incorporación de un nuevo tipo penal que considera a las barrabravas como una modalidad específica de asociación ilícita, con el objetivo de agravar las sanciones para quienes integren estas organizaciones.
La iniciativa, elaborada durante la gestión de la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, también apunta a los dirigentes de clubes que mantengan vínculos con los grupos violentos. En ese sentido, prevé penas de hasta seis años de prisión para quienes faciliten entradas, beneficios económicos u otras formas de colaboración con los barrabravas.
El texto habilita además la investigación de dirigentes sospechados de mantener relaciones irregulares con estas organizaciones. El debate cobra especial relevancia en medio del Mundial de Fútbol, en un contexto en el que volvieron a surgir sospechas sobre la presunta entrega de pasajes y entradas por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a integrantes de distintas barrabravas.
Las penas que contempla el proyecto
La propuesta establece un amplio esquema de sanciones para distintos delitos relacionados con los espectáculos deportivos.
Entre ellas, prevé penas de entre uno y cuatro años de prisión para quienes dañen bienes muebles o inmuebles durante un evento deportivo.
Asimismo, fija condenas de entre tres años y seis meses y seis años de prisión para quienes porten armas blancas, piedras, botellas u otros elementos contundentes en el marco de estos espectáculos.
En los casos de introducción, almacenamiento o portación de elementos inflamables, asfixiantes o tóxicos, las penas irán de cuatro a ocho años de prisión. Si se trata de armas de fuego o explosivos, las condenas previstas oscilan entre cuatro y diez años.
El proyecto también sanciona a quienes provoquen la suspensión de un partido mediante hechos de violencia y endurece las penas para la distribución ilegal y la reventa de entradas, delitos que podrán castigarse con entre dos y seis años de prisión.
El objetivo del Gobierno
En los fundamentos del proyecto, el Poder Ejecutivo sostiene que las organizaciones delictivas vinculadas al deporte no actúan únicamente durante los partidos, sino que desarrollan actividades criminales permanentes y pueden protagonizar hechos de violencia en cualquier ámbito cuando consideran afectados sus intereses económicos.
El documento también advierte sobre episodios de agresiones a simpatizantes por el solo hecho de pertenecer a una determinada hinchada y remarca que estas organizaciones representan una manifestación del crimen organizado.
Por ese motivo, el Gobierno sostiene que el objetivo principal de la ley anti barras es erradicar la violencia asociada al deporte, combatir los delitos de odio, desarticular las organizaciones criminales y garantizar que los espectáculos deportivos puedan ser disfrutados de manera segura por las familias argentinas.
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