Tras diez minutos del primer cuarto intermedio, el fiscal Sergio Mola se hizo cargo de la segunda etapa de la audiencia de alegatos. De entrada, el funcionario del Ministerio Público buscó rebatir los argumentos de los acusados en el juicio, principalmente de Cristina Kirchner.
A propósito, afirmó que “el lawfare es uno de los principales argumentos utilizados por Cristina. Pero el lawfare como construcción jurídica no existe, el lawfare no existe”.
Según el funcionario, “esto ha tenido un buen marketing pero no es más que un entramado que tiende a desacreditar las investigaciones penales por corrupción”. A su vez, coló en la discusión una comparación entre la persecución política que alegaron los acusados con “la historia de nuestro país que está enmarcada por casos que significaron verdadera persecución política durante la dictadura militar“.
El fiscal tomó seguidamente algunos de los argumentos planteados por las defensas. Contradijo a quienes dijeron que Javier Iguacel, ex titular de Vialidad Nacional, sólo llegó a la función con el objetivo de denunciar a la vicepresidenta, ex funcionarios y a Báez. “Quedó demostrado cómo se desencadenaron los hechos”, sostuvo.
“Si la relación se hubiera gestado durante los 16 años anteriores, la situación de los imputados sería peor“, sostuvo respecto de uno de los argumentos de la vice, que se preguntó por qué si Néstor Kirchner había sido gobernador antes de asumir como presidente no inició los supuestos negocios con Báez con anterioridad al 2003.
Las propiedades de Lázaro Báez
En uno de los alegatos, el fiscal Diego Luciani destacó que “mientras incumplía con lo acordado, (Lázaro Báez) se ocupó de incrementar su patrimonio”.
En esta etapa de su alocución, el fiscal mostró un estudio que hizo la Fiscalía donde se compararon los millonarios fondos que recibió Báez en concepto de adelantos financieros. Si bien ese concepto legalmente busca adelantar las obras en ejecución, el fiscal mostró cómo año por año el empresario de Santa Cruz se hizo de estancias por una cantidad innumerable de hectáreas.
“Se ocupó de incorporar en su patrimonio 29 estancias valuadas en 2016 por 546 millones de pesos“, contó Luciani. “Se convirtió en uno de los más grandes terratenientes del país, ahí está la plata de todos los argentinos”
El increíble informe que mostró el funcionario graficó de manera clara la cantidad de tierras y bienes de lujo como casas y vehículos que compró el empresario durante los 12 años del gobierno kirchnerista. “En total en Santa Cruz tienen 238 inmuebles y 293 en total en todo el país”, dijo Luciani.
“Ha habido severos e intencionales desvíos de los recursos que Báez debió haber invertido en obras públicas. Compró en Santa Cruz el equivalente a 20 ciudades de Buenos Aires“, manifestó.
Después del 2015, Austral fue una empresa fantasma
Apenas nueve minutos después del horario previsto, el fiscal Diego Luciani arrancó su exposición ante el TOF N°2. En primer lugar hizo un repaso de los chats entre el ex secretario de Obras Públicas José López con empresarios en los que aparece “la sra.”, en referencia a la entonces presidenta Cristina Kirchner en los últimos días de su mandato, etapa denominada como “operativo limpiar todo”.
Después avanzó sobre el rechazo de la Justicia al concurso preventivo que presentó Lázaro Báez sobre Austral Construcciones en 2016, ya durante el gobierno de Mauricio Macri. “En ese año ya no había poder porque el Gobierno no estaba. Austral decidió concursarse pero fracasó porque la Justicia puso límites a las arbitrariedades“, dijo Luciani.
Entre otras cosas, el fiscal señaló que la empresa y su directivo ya estaban vinculados a causas penales. Señaló que los activos de la firma estaban bajo cautelares dictadas en el marco de la causa conocida como Ruta del Dinero, “algo que no informaron desde la empresa y que era clave para el síndico y los acreedores”.
“Luego de diciembre de 2015, Austral se transformó en una empresa fantasma, fue abandonada“, afirmó el fiscal al tiempo que recordó que “los acreedores no se presentaron en la quiebra”.
A modo de conclusión, Luciani afirmó: “Austral Construcciones fue una cáscara, fue creada por personas o por orden de personas con capacidad organizativa para direccionar licitaciones con fondos del Estado nacional”.
El funcionario subió el tono de su alocución cuando describió que eso se hizo con “fondos públicos con los que el Gobierno debía cumplir con funciones del Estado”. Y fue más allá: “Lázaro Báez montó un emporio con todo el dinero de los argentinos y cuando Cristina Fernández dejó el gobierno abandonó todo”.
Las nueve audiencias que el Ministerio Público Fiscal había pedido para exponer la acusación contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y el resto de los acusados en el juicio por la obra pública están por culminar. Este viernes los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola comienzan a cerrar su intervención y se acerca un momento clave.
Es que al terminar de exponer las pruebas y definiciones sobre los presuntos delitos en torno al supuesto favorecimiento del Estado sobre las empresas de Lázaro Báez a la hora de otorgar contratos de obras en Santa Cruz, se leerán las acusaciones. Lejos de los complejos entramados, en ese momento el fiscal leerá la lista de delitos que se le acusan a cada participante de la presunta organización y los años de pena que deberán cumplir.
Una vez que concluya la etapa de alegatos de los fiscales, el próximo lunes 22 de agosto comenzará la ronda de exposiciones de las defensas. Ahí tendrán la posibilidad de exponer Carlos Beraldi en representación de Cristina Kirchner; Maximiliano Rusconi en representación del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y Juan Villanueva en representación de Lázaro Báez, además de los letrados del resto de las personas acusadas.
Si se cumplen los plazos previstos con antelación, los jueces que integran el Tribunal Oral Federal N°2 de la Ciudad de Buenos Aires esperan tener un veredicto listo para ser leído a los acusados antes de que termine el año.
Ello ante la supuesta intención de que el resultado del juicio esté lo más alejado posible del inicio del periodo electoral que será clave en 2023.
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