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Opinión

Los nombres, el jurado y la disputa por la conducción del MPA

Se conocieron los nombres del jurado para el concurso del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y de los postulantes para ocupar los cargos de Fiscal General, las 5 fiscalías regionales y el de auditor. A partir de que se quitó el velo, las especulaciones crecieron y la política aceleró las negociaciones sobre quiénes serían los ideales para integrar la plana mayor del aparato de persecución penal de la provincia de Santa Fe. Advertencias, ideas y un proceso que finalizará sobre principios el año próximo.

Sobre un total de 82 inscripciones y 45 personas -muchos se anotaron en más de un cargo-, sólo 4 hoy ejercen la abogacía de manera liberal. Esto quiere decir que casi la totalidad ostenta cargos públicos. Hay dos análisis posibles: o no entusiasma a quienes están en la abogacía de a pie, o ellos saben que se les hace cuesta arriba un concurso con personas que ya tienen un recorrido realizado como auxiliares de la justicia.

Según la política, los cargos que se ocupen van a cerrar de arriba para abajo, es decir, una vez que esté consensuado el nombre del Fiscal General, de allí irá decantando el de los regionales. El sistema del concurso es complejo: ahora restan la oposición y la entrevista, que se harán ambas cosas en el mismo momento -llegan de manera anónima a esa instancia los postulantes-, después el jurado elige una terna para cada cargo, de allí el gobernador elige un nombre y lo envía a la Legislatura para que sea aprobado en Asamblea conjunta.

Aparecieron 13 nombres que quieren competir por el puesto mayor del Ministerio Público. Hay tres fiscales regionales –María Eugenia Iribarren, Carlos Arietti y Rubén Martínez-, dos jueces de Cámara penal –Javier Beltramone y Roberto Prieu Mántaras-, algunos fiscales, como Luis Schiappa Pietra y Carlos Covani, y la auditora actual María Cecilia Vranicich. Entre todos estos letrados hay preferencias según los espacios políticos con los que se hable, pero hay una premisa: o llega con consenso amplio o no pasa el filtro final.

Baclini, fiscal general saliente, junto a Arietti e Iribarren, que compiten por la sucesión.

Para la Fiscalía Regional 2, y la más caliente en estos tiempos, hay 15 nombres en carrera. Se repiten y se destacan los nombres de Luis Schiappa Pietra, que estuvo al frente de causas resonantes como la de Los Monos, la de Esteban Alvarado y otros delitos complejos a los que investigó con valentía, además de ser uno de los que más antecedentes académicos ostenta. También aparece María Eugenia Iribarren, actual Fiscal Regional interina, quien asumió la difícil responsabilidad luego de la salida de Patricio Serjal por la causa vinculada al juego clandestino y ahora quiere revalidar su título. Presentaron carpeta con los proyectos también para este concurso Covani y Vranicich, y se suman a esta competencia los fiscales Miguel Moreno y Valeria Haurigot, entre otros, como candidatos a conducir Rosario.

El gobierno no ve con malos ojos que el fiscal general pueda ser alguien de experiencia y ahí saca la cabeza sobre el resto Prieu Mántaras, un camarista penal santafesino con vínculos con el establishment judicial y de más de 60 años. Sin embargo, los tres fiscales regionales, Iribarren, Arietti y Martínez, no están mal vistos en la Legislatura y pueden tener su oportunidad. También corren los nombres de Schiappa Pietra, que ganó prestigio no sólo por sus antecedentes académicos sino también por el trabajo exhaustivo en las causas arriba expuestas, y la actual auditora Vranicich, quien conoce el accionar del organismo desde adentro y tuvo y tiene investigaciones internas complejas sobre el mal accionar de algunos fiscales.

En Rosario, si no gana en la fiscalía general, Schiappa Pietra pica en punta porque cuenta con el apoyo de una amplia cantidad de legisladores, y tiene el visto bueno del gobierno provincial. Además, Iribarren realizó un buen trabajo ante una crisis institucional extrema como fue la salida de su corrupto antecesor y eso la posiciona. Otro que cuenta con el aval para ser aprobado por diputados y senadores es Moreno, fiscal de delitos económicos, y se suma Vranicich en caso de no quedar como general.

Luis Schiappa Pietra, fiscal que compite por la Fiscalía General y la Regional de Rosario.

Desde la Asociación de Fiscales de Rosario marcaron algunos puntos antes de que avance el proceso. Los letrados solicitaron que se comience a equilibrar el cupo femenino en los cargos jerárquicos del MPA, tal como lo indica la Ley de Paridad de Género. De hecho, nunca un fiscal regional ni tampoco el general fue ocupado por una mujer titularizada, ya que Iribarren es interina y fue nombrada por Jorge Baclini para normalizar Rosario tras el escándalo de Serjal. Además, pidieron transparencia en el proceso, al igual que los bloques opositores de la Legislatura, lo que le suma algo de presión al gobierno provincial a la hora de hacer la selección final.

Diputados y algunos senadores de los espacios enfrentados al gobernador hicieron hincapié en el corto plazo que se utilizó para la selección del jurado. Más allá de que nadie duda de la idoneidad y de la trayectoria de los cinco integrantes del cuerpo que va a seleccionar a la terna que llegue a manos del gobernador, hay alguna rispidez por dos nombres vinculados a Justicia Legítima en Buenos Aires: Ana María Figueroa y Alejandro Slokar. Sin embargo, el bagaje académico y la trayectoria como funcionarios que tienen todos los integrantes, y puntualmente ellos dos, es una garantía de que nadie podrá, por presiones políticas o influencias, alterar el orden de mérito de los postulantes.

Además, los legisladores opositores anticiparon que se reservarán el derecho a rechazar el nombre que llegue si no fue consensuado con ellos por parte del gobernador Perotti. Más que un anticipo, en realidad, sonó a una advertencia para que se los tenga en cuenta con tiempo para sentarse a negociar quiénes tienen que ser los que conduzcan el MPA desde abril del año próximo.

Gabriel Somaglia, secretario de Justicia de la provincia, coordina el proceso del concurso.

Gabriel Somaglia, secretario de Justicia, es quien sigue de cerca y quien ejecuta los plazos de este concurso. Anticipó a los actores que con 3 de los 5 jurados habrá quórum para poder realizar las entrevistas correspondientes, ya que son oriundos de distintos puntos del país. Además, entre los considerandos, sabe que para diciembre tienen que estar las ternas para que, más tardar antes de que termine el año, el gobernador pueda ponerse a negociar con los legisladores el nombre para cada uno de los 7 cargos, y así llegar a febrero con todo listo para iniciar el proceso de transición en el MPA.

Tanto desde el gobierno como desde la Legislatura saben que los nombres más extremos para un lado o para el otro no tendrán el aval para poder ejercer alguno de todos los cargos que se concursan. Por eso, dado que Perotti tiene, con suerte, el 20 % de los votos en la Asamblea Legislativa, es tiempo de aquellos que generan consensos amplios ya que se necesitan, por lo menos, 35 escaños para ser aprobado. Allí se ubicarán los que se la jugaron con causas resonantes, los que hicieron un trabajo prolijo, los que no tienen un pasado con vínculos políticos directos y quienes puedan presentar antecedentes laborales y académicos intachables.

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