La jueza María Trinidad Chiabrera dictó este miércoles 90 días de prisión preventiva para el exfiscal Mariano Ríos Artacho y otros tres imputados, a quienes se los acusa de organizar el desvío sistemático de fondos judiciales. Tras finalizar la audiencia imputativa en el Centro de Justicia Penal de Rosario, la Fiscal General del MPA, María Cecilia Vranicich, y el fiscal Adrián Spelta confirmaron la medida cautelar para la cúpula de la presunta organización y advirtieron que la investigación recién comienza, con más de cien cuentas bancarias aún por analizar.
Durante la atención a los medios, las autoridades del Ministerio Público de la Acusación valoraron la resolución de la jueza y rechazaron la postura de la defensa del exfuncionario, quien había argumentado padecer problemas de adicción al juego para justificar su accionar con el dinero público. Sobre este punto, el fiscal Spelta aclaró la lectura que hizo el tribunal: “Es una estrategia procesal para desligarse a él y al resto de las personas de la asociación ilícita, lo que no entendió así la jueza y lo admitió como acreditado”.
Vranicich, por su parte, remarcó que la corrupción de los funcionarios públicos es un objetivo priorizado de su gestión y se refirió al impacto interno que generó el accionar del ahora imputado. “Uno se siente defraudado, no en lo personal, sino en lo institucional; es un enorme… realmente uno se siente, así es, defraudado”, expresó la jefa de los fiscales provinciales.
En relación a la maniobra delictiva, Spelta detalló que los fondos transferidos salían de cuentas judiciales de legajos fiscales y no de las arcas personales del MPA. A través de oficios firmados por el propio imputado, el dinero terminaba en manos de particulares sin vinculación con las causas. La fiscalía indicó que los controles de firmas conjuntas fueron vulnerados sistemáticamente mediante la falsedad ideológica. “Al primero que engañaron era al segundo fiscal que debía mirar la formalidad de eso; después es engañado el banco y después somos engañados todos nosotros y la sociedad”, sentenció Spelta.
El caso
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El inicio de la causa: Mariano Ríos Artacho, exintegrante de la Unidad de Delitos Económicos del MPA, está imputado por liderar una presunta asociación ilícita que operó entre los años 2017 y 2024.
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La maniobra: Según la hipótesis de la fiscalía, el entonces funcionario seleccionaba cuentas judiciales inmovilizadas (dinero depositado como fianza o secuestrado en procedimientos) y firmaba oficios para transferir esos fondos.
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El desfalco: La Unidad Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos estima un desvío actualizado de $425 millones. El dinero habría sido destinado a inversiones bursátiles y apuestas en distintos casinos para cubrir deudas de juego del principal acusado.
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Los roles: La presunta estructura delictiva contaba con organizadores dedicados a reclutar prestanombres, conseguir cuentas bancarias y retirar el efectivo por ventanilla. Entre los investigados también figura el abogado penalista Emilio Barcacia, señalado por un presunto rol de encubrimiento, ya que realizaba depósitos para tapar los faltantes de dinero temporalmente.
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Antecedentes: Antes de su renuncia al cargo a mediados de 2024, el exfiscal ya había sido suspendido por la Legislatura provincial. Su legajo sumaba polémicas por la entrega irregular de un vehículo de alta gama secuestrado a un comisario de su entorno y una denuncia por amenazas contra un apostador en el casino de Rosario.
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