Este martes, cuatro imputados recuperaron su libertad en el Centro de Justicia Penal de Rosario durante la audiencia que investiga el desvío sistemático de $425 millones de cuentas judiciales. Por su parte, el exfiscal Mariano Ríos Artacho y otros cinco acusados permanecerán detenidos hasta este miércoles, momento en el que la jueza María Trinidad Chiabrera definirá las medidas cautelares correspondientes.
El esquema del desfalco millonario
Los fiscales Adrián Spelta y Carla Cerliani acusaron a Ríos Artacho de liderar una asociación ilícita que operó entre 2017 y 2024. Mientras se desempeñaba en la unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación, el entonces fiscal seleccionaba cuentas judiciales que no presentaban reclamos urgentes. A través de la firma de oficios, habilitaba el movimiento del dinero, el cual terminaba destinado a inversiones bursátiles y apuestas en casinos.
Juicio a Ríos Artacho: el fiscal Spelta dijo que podrían pedirle 330 años de prisión
Los roles de los detenidos y el encubrimiento
El Ministerio Público de la Acusación sostiene que por debajo de Ríos Artacho operaba un grupo de organizadores dedicado a reclutar prestanombres, conseguir cuentas bancarias (CBU) para canalizar el dinero, retirar efectivo por ventanilla y distribuir las ganancias. En este rol organizativo, la fiscalía ubicó a cuatro de los actuales detenidos: Julio Mercado, Fabricio Romero, Gustavo Cesaretti y un cuarto individuo.
El sexto detenido es el abogado penalista Emilio Barcacia, a quien se le atribuye una función de encubrimiento. Según la investigación, Barcacia realizaba depósitos de efectivo para recomponer temporalmente los saldos de las cuentas vaciadas justo antes de que se acercaran juicios abreviados o probations a cargo del exfiscal.
Ludopatía y rechazo de la asociación ilícita
Durante la audiencia, Ríos Artacho reconoció sufrir de ludopatía desde 2013 y declaró: “Yo administraba los fondos como si fuese mi billetera”. Sin embargo, negó categóricamente la existencia de una asociación ilícita, asegurando que fue él quien “arrastró” al resto de los imputados a participar a través de sus directivas.
La defensa de Fabricio Romero, a cargo del abogado Gonzalo Rucci, se alineó con esta postura. Rucci afirmó que su cliente también padece ludopatía y rechazó que el grupo funcionara como una organización destinada a robar dinero público. Según el letrado, los involucrados son un grupo de personas con problemas de adicción al juego que se conocieron en los casinos y organizaban viajes conjuntos para apostar en otras jurisdicciones.
Comentarios