La agencia de autos de San Martín al 2600 quedó en el centro de una investigación por presuntas estafas. Hay clientes que aseguran haber entregado sus vehículos en consignación y otros que pagaron en dólares por autos cero kilómetro que nunca recibieron. Una vocera de los damnificados reveló en Radio Boing cómo comenzaron los reclamos y afirmó que ya son más de 100 las personas afectadas.
El conflicto alrededor de Rosario Motorsport, la agencia multimarca que funcionaba en avenida San Martín al 2600, crece a medida que aparecen nuevos damnificados y se conocen detalles de las operaciones que quedaron bajo la lupa de la Justicia.
La firma ingresó en un proceso de concurso preventivo de acreedores y, en paralelo, el Ministerio Público de la Acusación lleva adelante una investigación penal para determinar si detrás de los incumplimientos comerciales hubo una maniobra delictiva. Días atrás, la Policía de Investigaciones allanó el local y secuestró documentación y dispositivos electrónicos, además de realizar un inventario de los vehículos que permanecían allí.
Mientras la investigación avanza, el número de personas que aseguran haber quedado atrapadas en operaciones incumplidas crece. Mariana Lerotich, una de las voceras de los damnificados, afirmó en una entrevista con el programa Antes de Todo, de Radio Boing, que ya son más de 100 las personas que integran el grupo de afectados.
“Me encuentro con un grupo de gente por intermedio de los comentarios en las redes, me fui comunicando y terminamos siendo un grupo de WhatsApp donde somos más de 100 los que estamos en esta situación”, contó. Y aclaró que no todos atravesaron el mismo problema y hubo gente que entregó su vehículo “en forma de consignación”.
El negocio que prometía un auto nuevo
Según relató Lerotich, su contacto con la agencia comenzó a través de las redes sociales. “El tema arranca conociendo a esta agencia por intermedio de las redes sociales, muchísima difusión, futbolistas muy conocidos de la ciudad, vehículos, prometían vehículos usados en muy buen precio”, explicó.
La propuesta, según su experiencia, consistía en entregar un vehículo usado y abonar una diferencia para acceder a un cero kilómetro. “Donde se podía pagar con parte, digamos, de este vehículo, más diferencias para un cero kilómetro”, señaló. La operación siguió el camino habitual de una compraventa: primero hubo contacto telefónico, después una reunión presencial y finalmente un acuerdo.
“Ahí mismo en la agencia, con Eduardo Escarcelo, que es el dueño, llegamos a un acuerdo donde nosotros entregábamos nuestro vehículo usado, llave contra llave, y abonando una diferencia para un vehículo cero kilómetro”, relató. La particularidad era que el vehículo nuevo todavía no estaba en poder de la agencia. “Él no tenía, sino que lo compraba su proveedor”, explicó. Lerotich remarcó que se trataba de una agencia multimarca y no de una concesionaria oficial.
En su caso, la operación incluyó un boleto de compraventa y transferencias de dinero directamente a un supuesto proveedor. “Él nos pidió que nosotros le hagamos la transferencia en dólares directamente a una agencia muy importante de Santa Fe, que se llama Nation”, agregó. Por eso, aseguró que en ese momento la operación no les parecía extraña.
El problema apareció después. “Pasó el tiempo de entrega, pasaron las semanas, empezamos a llamar, no encontrábamos respuesta”, relató. Fue entonces cuando comenzó a buscar a otras personas que estuvieran atravesando situaciones similares. Uno de los datos que más preocupa a los damnificados es que, según sus testimonios, los problemas con las entregas no comenzaron cuando la agencia cerró sus puertas. Lerotich aseguró que su operación fue realizada el 2 de junio, pero que ya había personas esperando desde muchos meses antes.
“Nosotros hicimos la operación el día 2 de junio, pero consta esto de que hay gente desde octubre, noviembre del año pasado en esta situación, con demoras en las entregas”, sostuvo. Ese dato es uno de los elementos que ahora deberá analizar la investigación penal: si los incumplimientos respondieron a una crisis comercial que terminó por desbordar a la empresa o si, como sostienen algunos damnificados, la captación de dinero y vehículos continuó pese a que la firma ya atravesaba serias dificultades económicas.
Autos en consignación y formularios 08
Uno de los puntos centrales de la investigación son los vehículos que los clientes entregaban para ser vendidos en consignación. Según trascendió, en algunos casos la concesionaria comunicaba al propietario que el vehículo ya había sido vendido, le pedía que firmara el formulario 08 para concretar la transferencia y prometía pagarle ese mismo día.
Algunos damnificados lograron recuperar sus vehículos antes de que fueran entregados a terceros. Otros, según los reclamos, ya no pudieron hacerlo. Lerotich confirmó que hay personas que entregaron sus autos y quedaron esperando el dinero. Para muchos de los damnificados, el punto de quiebre llegó el 25 de agosto. Ese día recibieron un mensaje por WhatsApp informando que la agencia se presentaba en concurso preventivo. “El día 25 de agosto nos llega un mensaje por WhatsApp con un documento que dice que la agencia se presenta en concurso”, contó Lerotich.
El mensaje indicaba que los clientes debían dirigirse a un estudio jurídico. “Ahí nos iban a dar la información correspondiente, es que ellos ya no tenían más nada que ver”, explicó. Cuando llegó al lugar, encontró a otros damnificados. “Me hice presente, obviamente, y me encuentro con un montón de gente más”, relató.
Según su versión, allí les pidieron que no realizaran denuncias y que permitieran que la empresa continuara trabajando. “Nos pedían por favor que los dejemos trabajar, que no hagamos ningún tipo de denuncias ni nada, porque ellos necesitaban vender los autos que tenían ahí para poder pagarnos”, afirmó.
El escenario judicial quedó entonces dividido en dos frentes: por un lado, el concurso preventivo que busca ordenar las obligaciones de la empresa; por otro, la investigación penal que intenta establecer si hubo delitos. La causa penal quedó a cargo del fiscal Iván Enríquez. En el allanamiento realizado en el local de San Martín al 2600 se secuestraron documentos y dispositivos electrónicos y se confeccionó un inventario de los vehículos encontrados en el lugar. Todo ese material deberá ser analizado por los investigadores.
El dinero que terminó en otra operación
Uno de los capítulos que genera mayores interrogantes es el de los pagos realizados directamente a proveedores. En el caso de Lerotich, el dinero terminó en una agencia de Santa Fe. La damnificada viajó hasta allí junto con su abogado para intentar obtener explicaciones. Según contó, fueron recibidos por el abogado Carlos Reina, quien reconoció la existencia de un vínculo comercial y, de acuerdo con el relato de Lerotich, también que el dinero había ingresado en una cuenta de esa empresa. “También reconocen que entró nuestro dinero, que entró la transferencia en la cuenta de ellos”, afirmó. Pero les explicaron que el dinero había sido aplicado a otra operación.
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