La próxima semana, el Congreso de la Nación debatirá los alcances de la Ley de Tierras en una sesión especial convocada por legisladores de varios sectores de la oposición, que cuestionan a la Corte Suprema por haber anulado una cautelar solicitada por un Centro de Ex Combatientes de Malvinas que había conseguido suspender la vigencia del Decreto 70/2023, que eliminaba los límites para la venta de superficie rural a extranjeros.
En este marco, cobra interés el anuncio que realizó la semana pasada Luis Caputo desde París, adonde viajó junto al presidente Milei y otros funcionarios del Gabinete para participar de la Argentina Week. En ese marco, el ministro de Economía aprovechó su estadía en Francia para lanzar oficialmente un nuevo instrumento para atraer capitales extranjeros: desde el cuarto trimestre de 2026, un extranjero podrá solicitar la ciudadanía argentina mediante un aporte no reembolsable de 350.000 dólares al Tesoro o a través de la suscripción de un bono público de 800.000 dólares. Pero detrás de ese anuncio existe una historia que comenzó bastante antes y que tiene como protagonista a Henley & Partners, una firma británica que es una de las principales empresas internacionales dedicadas al negocio de la migración por inversión.
Detrás del anuncio existe una historia que comenzó bastante antes y que tiene como protagonista a Henley & Partners, una firma británica que es una de las principales empresas internacionales dedicadas al negocio de la migración por inversión.
La relación con Argentina comenzó a tomar forma en 2025. El Decreto 366, firmado el 28 de mayo de ese año, modificó la Ley de Ciudadanía y creó una nueva vía para que extranjeros que acreditaran una “inversión relevante” pudieran acceder a la naturalización sin cumplir con un período previo de residencia. La misma reforma creó la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, dependiente del Ministerio de Economía.
Dos meses después, el Decreto 524/2025 terminó de establecer el circuito administrativo. La Agencia quedó encargada de analizar las inversiones y elaborar una recomendación, mientras que Migraciones conservaría la decisión final. El procedimiento también incorporó controles de la UIF, la SIDE, Seguridad, el Registro Nacional de Reincidencia y el Renaper, entre otros organismos.
El ingreso de Henley
Con el marco legal ya creado, Economía avanzó hacia la contratación de un operador internacional que ayudara a diseñar, implementar y promocionar el programa. A fines de 2025 se abrió una licitación internacional.
Henley & Partners fue una de las seis firmas o grupos que presentaron ofertas. La empresa británica propuso un contrato por unos 25 millones de dólares, mientras que un consorcio integrado por Asesorías Legal Advisor y cuatro especialistas internacionales —Arton Capital, Apex Capital Partners, Passport Legacy y AIM Global— presentó una oferta muy inferior.
El comité evaluador terminó recomendando a ese consorcio como ganador, mientras que Henley quedó en segundo lugar. Pero el proceso no terminó con una adjudicación: el 14 de abril de 2026, Luis Caputo firmó la Resolución 522 y dejó sin efecto la licitación, argumentando que existían “divergencias relevantes” respecto de los enfoques planteados por los oferentes.
Ese dato resulta central para reconstruir qué ocurrió después: Henley no recibió aquella contratación.
Dos visitas a la Casa Rosada
Mientras la licitación avanzaba, sin embargo, los vínculos entre Henley y el Gobierno ya habían comenzado.
Los registros de ingreso a la Casa Rosada muestran que Juerg Steffen, CEO de Henley & Partners, estuvo dos veces en la sede del Gobierno durante 2025. El primer encuentro ocurrió el 11 de junio, apenas dos semanas después de la firma del DNU 366. Steffen ingresó acompañado por Olinda Salguerón y Diego Ortiz de Cevallos y mantuvo una reunión con Guillermo Francos, entonces jefe de Gabinete. Tres minutos después de su ingreso también entró Lisandro Catalán, por entonces secretario del Interior.
Los vínculos entre Henley y el Gobierno ya habían comenzado. Los registros de ingreso a la Casa Rosada muestran que Juerg Steffen, CEO de Henley & Partners, estuvo dos veces en la sede del Gobierno durante 2025
El 14 de julio Steffen regresó a la Casa Rosada. Esta vez se reunió con Catalán, acompañado por Ortiz de Cevallos, Salguerón, Kyle Pascal Sarkas y Peter Ferrigno. Dos semanas después, el Gobierno reglamentó el régimen mediante el Decreto 524/2025.
La secuencia temporal fue señalada por una investigación de ElDiarioAR, que reconstruyó los ingresos a partir de los registros oficiales. La publicación también informó que Henley sostuvo posteriormente que había trabajado durante aproximadamente 18 meses con funcionarios argentinos en talleres y conversaciones vinculadas con el diseño del programa.
De la licitación anulada a la asesoría
Después de que Economía anuló la licitación, el escenario volvió a cambiar. En mayo de 2026, la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión firmó un acuerdo de colaboración técnica no oneroso con AMIGO Ltd., un consorcio integrado por especialistas internacionales del sector.
Entre sus integrantes aparecen justamente varias de las empresas que habían participado de la licitación que terminó anulada: Latitude, AIM Global, Apex Capital Partners, Arton Capital y Passport Legacy. El acuerdo contempla asesoramiento técnico y estratégico para el desarrollo y la implementación del programa, incluyendo cuestiones vinculadas con su arquitectura, operación, debida diligencia, cumplimiento y posicionamiento internacional.
El mismo día en que Caputo anunció la iniciativa en París, Henley publicó en su sitio los detalles del esquema argentino y afirmó que había colaborado con el Gobierno mediante “talleres y conversaciones” sobre el marco normativo.
Henley, por su parte, no forma parte de AMIGO. Sin embargo, la firma siguió vinculada públicamente al programa. El mismo día en que Caputo anunció la iniciativa en París, Henley publicó en su sitio los detalles del esquema argentino y afirmó que había colaborado con el Gobierno mediante “talleres y conversaciones” sobre el marco normativo.
La empresa también comenzó a ofrecer desde su propia plataforma el programa de ciudadanía argentina, con formularios para que potenciales interesados se registren. Es decir, aunque la licitación que pretendía contratar un operador había sido anulada, Henley se posicionó comercialmente desde el primer día como una de las puertas de entrada para los futuros interesados.
¿Quién es Henley & Partners?
La firma británica es uno de los nombres más conocidos del mundo en el denominado negocio de los “pasaportes dorados”: programas mediante los cuales determinados países permiten obtener ciudadanía o residencia a cambio de inversiones o aportes económicos.
Su expansión internacional estuvo especialmente vinculada con pequeños Estados del Caribe. Allí, Henley se convirtió en un actor central de programas de ciudadanía por inversión como el de San Cristóbal y Nieves.
La firma británica es uno de los nombres más conocidos del mundo en el denominado negocio de los “pasaportes dorados”:
Ese modelo también generó investigaciones y cuestionamientos internacionales. Una investigación del Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) documentó casos de clientes de Henley que tenían antecedentes o perfiles considerados de alto riesgo. Entre ellos figuraron personas vinculadas a investigaciones por lavado de dinero, evasión de sanciones o delitos financieros. La empresa sostuvo que cumple con las leyes y que aplica procedimientos de debida diligencia.
La firma también fue investigada por sus vínculos con Christian Kälin, su presidente y uno de los principales impulsores de la industria de ciudadanía por inversión, y con ejecutivos de SCL, la compañía matriz de Cambridge Analytica. Una investigación del Parlamento británico analizó esas relaciones y planteó acusaciones sobre la influencia política ejercida en países caribeños. Henley negó las acusaciones y sostuvo que no financió campañas políticas.
El antecedente de Malta
Uno de los antecedentes más relevantes para entender la controversia es Malta. Henley participó durante años en el desarrollo y comercialización del programa maltés de ciudadanía por inversión.
En abril de 2025, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró contrario al derecho comunitario el sistema de Malta que permitía obtener ciudadanía mediante pagos o inversiones predeterminadas. El fallo sostuvo que la ciudadanía de la Unión Europea no puede convertirse en una transacción comercial desligada de un vínculo genuino con el país.
En abril de 2025, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró contrario al derecho comunitario el sistema de Malta que permitía obtener ciudadanía mediante pagos o inversiones predeterminadas.
Argentina no pertenece a la Unión Europea y, por lo tanto, aquella decisión no se aplica automáticamente al programa argentino. Pero el antecedente forma parte del debate internacional sobre los riesgos de los llamados “golden passports”, especialmente en materia de lavado de dinero, corrupción, seguridad e identidad de los beneficiarios.
La explicación del Gobierno
El Gobierno sostiene que el programa argentino incorporará controles estrictos para evitar precisamente esos riesgos. Según el Ministerio de Economía, cada solicitante deberá acreditar su identidad, el origen lícito de sus fondos, su situación patrimonial y financiera, sus antecedentes penales y reputacionales y su historial migratorio.
La evaluación estará a cargo de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, con intervención de organismos como la SIDE y la UIF. La decisión final quedará en manos de la Dirección Nacional de Migraciones.
Caputo, además, aseguró durante la presentación en París que la idea surgió de conversaciones mantenidas durante uno de sus primeros viajes con Javier Milei a Sun Valley, Estados Unidos, donde —según relató— empresarios y millonarios interesados en Argentina plantearon la posibilidad de acceder a una ciudadanía vinculada con la inversión.
Pero el recorrido documental muestra que, mucho antes del anuncio de París, el Gobierno ya había creado el marco legal, buscado un operador internacional, recibido una oferta de Henley, evaluado su propuesta, mantenido reuniones con su CEO y finalmente anulado aquella licitación.
Por eso, más que una empresa que simplemente apareció para gestionar el nuevo pasaporte argentino, Henley & Partners aparece como una firma que siguió de cerca el nacimiento del programa desde sus primeras etapas y que logró posicionarse comercialmente alrededor del lanzamiento, aun después de que el concurso original para contratar al operador fuera dejado sin efecto.
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