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Rosario

Piden al Consejo de la Magistratura que evalúe la actuación del juez Bailaque en el caso Alvarado

En abril de 2013 un testigo de identidad reservada alertó a la Justicia federal sobre una banda que en Rosario se dedicaba al narcotráfico, con protección política y policial. El líder de esa organización, según la denuncia, era Esteban Lindor Alvarado. Se mencionaban direcciones en las que funcionaban los búnkeres, nombres de jefes de policía y de funcionarios del gobierno provincial relacionados con el delito narco en la ciudad, pero hasta noviembre de 2015, se hizo poco y nada con esta información. Por eso ahora el Ministerio Público de la Acusación pide desde Rosario al Consejo de la Magistratura que investigue la responsabilidad de funcionarios judiciales en este tema.

En esos dos años, por ejemplo, el juez Marcelo Bailaque desestimó solicitudes de la PSA para intervenir las líneas telefónicas de Gustavo Ramos, hermano de Esteban Alvarado por parte de madre. En 2013, cuando ingresó esa denuncia a la Justicia Federal, “Ramos ya había sido condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2 de Córdoba a la pena de doce años de prisión por encontrarlo responsable como partícipe necesario del delito de contrabando calificado de estupefacientes agravado por el número de personas intervinientes y por el empleo de un medio de transporte aéreo en un vuelo no autorizado y transporte de estupefacientes agravado por el número de personas organizada para cometerlos, ambos en concurso real”.

El entrecomillado pertenece al documento que acaba de presentarse al Consejo de la Magistratura, con firma de los doctores Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, más la rúbrica de la Fiscal Regional Interina, María Eugenia Iribarren. Que en el documento solicitan al organismo disciplinario del Poder Judicial que evalúe la conducta del juez Bailaque.

El escrito de los fiscales está destinado a Horacio Rosatti, presidente del Consejo de la Magistratura. Además del breve texto de tres páginas al que pudo acceder Red Boing, se entregó una copia digital del juicio contra Alvarado que se hizo en Rosario en el Centro de Justicia Penal entre febrero y junio de este año. Un material con decenas de horas de todas las audiencias, que finalizaron con la condena unánime del Tribunal integrado Alejandro Negroni, Patricia Bilotta y María Isabel Mas Varela. Además, se remitió un documento de 1.366 páginas con el detalle de cada declaración.

Esas escuchas al hermano de Alvarado, quizás hubieran permitido conocer cómo se movía el narcotráfico rosarino hace una década. Pero el pedido para intervenir su línea telefónica fue denegado por Bailaque.

Para la misma época, hacía rato que la ciudad conocía el nombre de Luis Medina, asesinado a tiros a fines de 2013, cuando pasaba con su auto por la zona del Casino City Center. Antes, había sido cara visible de Esperanto, el boliche que había conseguido habilitar en medio de sospechas de lavado de dinero narco. Al abrir el polémico local bailable, su mujer era Daniela Ungaro, además hermana de René Ungaro -detenido por el homicidio en 2011 de ‘Pimpi’ Camino, jefe de la barra de Newell’s, y vinculado con Alvarado-.

Fue el mismo juez Bailaque quien se negó a intervenir la línea de teléfono de Daniela Ungaro, a pesar del pedido hecho por la Policía de Seguridad Aeroporturia.

Los funcionarios del Frente Progresista a los que esa denuncia anónima contra la banda de Alvarado apuntaba en 2013 eran Ana Viglione y Andrés Ferrato, por entonces a cargo de la Secretaría de Delitos complejos del Ministerio de Seguridad provincial. También se refería qué jefes de la Sección Inteligencia de la policía santafesina colaboraban con el narcotráfico. Pero la justicia federal rosarina eligió mirar para otro lado durante casi dos años.

Todos los datos mencionados en esta nota salieron a la luz durante el reciente juicio a Alvarado que llevó adelante la justicia provincial, con acusación de Edery y Schiappa Pietra. En ese ámbito, ambos habían fiscales habían anticipado que pedirían remitir al Consejo de la Magistratura una copia de lo debatido en las audiencias, para evaluar el desempeño de Bailaque y si corresponde una sanción disciplinaria.

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