El abogado Roberto Castillo denunció y solicitó la suspensión preventiva de la psicóloga Jennifer Grisel Leiva por haber respaldado la revinculación y posterior convivencia de Ángel López, el chico asesinado en Comodoro Rivadavia, con su madre Mariela Altamirano, actualmente detenida e imputada por el crimen.
Según el escrito presentado por Castillo, el letrado solicitó que Leiva sea investigada por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, informe pericial falso y abandono de persona seguido de muerte, todos en concurso real.
Entre los principales puntos del pedido también figura el secuestro inmediato del legajo profesional y personal de la psicóloga en el Servicio de Protección de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia (SPD), en el Colegio de Psicólogos de Chubut y en la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.
Además, la presentación exige incorporar todos los informes técnicos elaborados por la profesional durante los últimos 24 meses, especialmente aquellos vinculados a procesos de familias.
Castillo también solicitó la suspensión preventiva de Leiva de sus funciones dentro del SPD mientras avance la investigación judicial, al considerar que podría existir riesgo de entorpecimiento probatorio o repetición de conductas similares.
Otro de los planteos incluidos en la denuncia es la prohibición de salida del país para la psicóloga hasta que se resuelva su situación procesal, además de una medida para evitar modificaciones en expedientes vinculados a casos de revinculación familiar tramitados en el organismo.
La causa también contempla el pedido para que se tome declaración testimonial a distintas personas vinculadas al caso y se designe un perito psicólogo forense independiente.
En paralelo, la Fundación Más Vida ya había denunciado a Leiva y a otra profesional, Vanesa Marín, por haber emitido informes favorables para que Mariela Altamirano recuperara la tenencia del niño sin realizar previamente un análisis socioambiental.
Desde la fundación aseguraron que las profesionales “ni siquiera conocían las condiciones” en las que vivía la mujer junto a su pareja, ambos detenidos por el crimen, y sostuvieron que un informe ambiental podría haber advertido las graves falencias del entorno donde residía el menor.
El caso de Ángel López generó fuerte conmoción en Chubut y reavivó el debate sobre los controles estatales en procesos de revinculación familiar y protección de menores en situaciones de vulnerabilidad.
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