El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, presentó en Buenos Aires un documento técnico ante el canciller Pablo Quirno con el objetivo de defender la producción de biodiésel y solicitar la revisión de las restricciones impuestas por la Unión Europea. La iniciativa busca revertir la clasificación que considera a la soja como un insumo de “alto riesgo”, lo que limita las exportaciones desde el Mercosur.
El encuentro se realizó en la sede de la Cancillería y contó también con la presencia del ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, junto a funcionarios del área de comercio exterior y relaciones internacionales. Allí se entregó un dossier elaborado por la Provincia, que reúne datos científicos, técnicos, económicos y productivos sobre el impacto del biodiésel en la región.
Tras la reunión, Puccini explicó el alcance del documento y señaló: “Entregamos un dossier que reúne datos científicos, técnicos, económicos y productivos sobre lo que implica para la provincia de Santa Fe la producción y exportación de biodiésel a la Unión Europea”. Además, remarcó que el informe “refuta la posición de la UE de considerar a la soja un insumo de alto riesgo”, argumento central de las restricciones comerciales.
El documento será incorporado a la presentación que la Cancillería realizará en Bruselas en los próximos días, en el marco de las gestiones para revisar la normativa europea. En ese sentido, el ministro destacó el trabajo articulado entre distintos actores: “Hay un trabajo conjunto del Gobierno nacional y provincial, la Región Centro y los sectores privados vinculados al biodiésel y al agro”.
Para Santa Fe, principal productora de biodiésel del país, el mercado europeo es estratégico. Puccini subrayó la importancia de sostenerlo al afirmar: “Es fundamental mantener estos mercados, no solo para el biodiésel, sino también para la soja y sus derivados”.
En la misma línea, la secretaria de Comercio Exterior provincial, Georgina Losada, calificó el encuentro como positivo y explicó que el objetivo del informe es demostrar la inconsistencia de la medida europea: “La decisión de la UE no tiene base científica ni técnica y constituye un obstáculo al comercio”. Además, advirtió que la normativa “no se condice con la realidad productiva de la provincia de Santa Fe”.
El impacto económico de estas restricciones podría ser significativo. Según estimaciones oficiales, la provincia enfrentaría pérdidas cercanas a los 390 millones de dólares, además de consecuencias directas en el empleo y en toda la cadena de valor de la soja.
El conflicto se originó a partir de un informe técnico publicado en febrero por la Comisión Europea, que revisa la expansión de cultivos destinados a biocombustibles bajo el criterio de “alto riesgo ILUC” (cambio indirecto del uso del suelo). Desde Santa Fe advierten que esta clasificación no solo afecta al biodiésel, sino que podría extenderse a productos como harina, aceite y poroto de soja, condicionando el acceso al mercado europeo.
En ese contexto, el Gobierno provincial participó activamente en el período de consultas abierto por la UE, junto a cámaras empresariales, donde cuestionó la metodología y los resultados del informe. Según sostienen, las conclusiones europeas no reflejan la realidad productiva argentina.
El tema también fue abordado recientemente en el ámbito del Gabinete Productivo de la Región Centro y en reuniones con actores internacionales, como el embajador alemán Dieter Lamlé y especialistas de la cooperación alemana, lo que evidencia la relevancia estratégica del reclamo.
Con este movimiento, Santa Fe busca defender uno de sus sectores productivos clave y evitar un precedente que podría impactar de lleno en las exportaciones agroindustriales argentinas.
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