La jornada electoral en Brasil estuvo atravesada por una polémica en torno al transporte público que derivó en una orden de detención contra Pablo Souza, secretario municipal de Movilidad de Salvador de Bahía. La medida fue dispuesta por la Justicia Electoral después de que se denunciara una reducción de la flota de colectivos que podía dificultar el traslado de los votantes a los centros de sufragio.
El presidente del Tribunal Regional Electoral de Bahía (TRE-BA), Maurício Kertzman Szporer, ordenó a la Policía Federal detener al funcionario en flagrancia. Sin embargo, la medida no se había concretado al momento de difundirse la noticia, ya que Souza se encontraba en París, Francia, en una misión oficial junto a la viceintendenta de Salvador, Ana Paula Matos. Según informó la Municipalidad, tenía previsto regresar el lunes 26 de octubre y presentarse ante las autoridades.
Quién es Pablo Souza y cómo llegó al cargo
Souza es economista y asumió como secretario municipal de Movilidad de Salvador en febrero de 2025, durante la gestión del intendente Bruno Reis, dirigente de União Brasil y aliado político de Flávio Bolsonaro.
Antes de llegar a la conducción de la Secretaría Municipal de Movilidad (Semob), trabajó en el área de Planificación del Transporte de esa dependencia entre 2021 y 2024. Durante ese período, participó en iniciativas vinculadas con la implementación del sistema BRT y el desarrollo del plan de movilidad ciclista.
Su trayectoria también incluye tareas relacionadas con la organización del transporte para grandes acontecimientos deportivos, como el Mundial de Fútbol de 2014, los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016 y la Copa América de 2024.
Por qué la Justicia ordenó detenerlo
El conflicto comenzó cuando la Federación Brasil da Esperança, integrada por el Partido de los Trabajadores (PT), el Partido Comunista de Brasil (PCdoB) y el Partido Verde (PV), presentó una denuncia ante la Justicia Electoral por la disminución de colectivos en circulación durante el balotaje presidencial.
Según la presentación, el servicio funcionaba con una flota superior al 50% menor que la habitual en días hábiles. Durante una inspección judicial en las instalaciones del sistema BRT, se encontraron varios vehículos detenidos en las terminales. Además, un supervisor declaró que la cantidad de unidades en funcionamiento respondía a una orientación de la Secretaría Municipal de Movilidad.
A partir de esos elementos, el presidente del TRE-BA consideró que existían indicios de una posible vulneración de la legislación electoral y ordenó la detención del titular de la dependencia. La resolución también exigió que se restableciera el 100% de la flota habitual, con frecuencias e itinerarios equivalentes a los de un día hábil y transporte gratuito para facilitar el traslado de los electores.
La decisión estableció, además, una multa de un millón de reales por hora ante un eventual incumplimiento de la orden, con responsabilidad solidaria para el municipio, el secretario y las empresas concesionarias.
La explicación del funcionario y la respuesta del municipio
Tras conocerse la orden judicial, Souza explicó que los inconvenientes estaban relacionados con la presencia de calcomanías de propaganda electoral en los colectivos. Según su versión, durante la mañana del domingo se colocaron adhesivos vinculados con un candidato en numerosas unidades, lo que generó dificultades para mantener el servicio y cumplir con las normas sobre publicidad política en el transporte público.
El intendente Bruno Reis también atribuyó la interrupción a ese episodio. Sostuvo que las empresas habían retirado vehículos para evitar posibles infracciones electorales por la presencia de propaganda en las unidades.
En un video difundido en sus redes sociales, Souza afirmó que la Secretaría había comenzado a retirar los adhesivos, pero que, ante el impacto de esa tarea en la prestación del servicio, autorizó que los colectivos circularan incluso con las calcomanías colocadas. Según explicó, la prioridad era evitar que los problemas operativos perjudicaran el traslado de la población durante las elecciones.
La dependencia municipal informó que había dispuesto liberar la flota máxima y que el servicio comenzaba a normalizarse mediante conversaciones con representantes sindicales. De todos modos, la actuación de la Secretaría quedó bajo investigación judicial para determinar las responsabilidades por la reducción de unidades.
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