El abogado penalista Froilán Ravena respaldó la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil y analizó la decisión de una jueza bonaerense de suspender durante 60 días su aplicación en la provincia de Buenos Aires.
En diálogo con el equipo de Antes de Todo por Radio Boing, Ravena se mostró de acuerdo con la Ley 27.801, que establece un nuevo régimen para adolescentes en conflicto con la ley penal y reduce a 14 años la edad a partir de la cual pueden ser responsabilizados penalmente por determinados delitos.
“Estoy de acuerdo con la nueva ley”, sostuvo el abogado, quien consideró que se trata de una reforma que fue “muy estudiada, muy conversada y muy analizada”.
Según explicó, la modificación responde, entre otros factores, al crecimiento de determinados índices de delincuencia juvenil y a la necesidad de mejorar el seguimiento estatal de los menores que entran en conflicto con la ley.
Por qué se suspendió en Buenos Aires
Consultado sobre la decisión judicial que frenó temporalmente la implementación del régimen en territorio bonaerense, Ravena sostuvo que no le resultaba sorpresiva debido a las características de la provincia.
El penalista señaló que Buenos Aires tiene un alto índice de delincuencia juvenil, pero consideró que el problema central está relacionado con la falta de adecuación previa del sistema.
“La provincia no ha sabido mejorar su sistema, su funcionamiento, capacitar a los operadores, establecer lugares o institutos de detención adecuados para el menor”, explicó.
En ese sentido, consideró que la presentación de un hábeas corpus colectivo permitió que una jueza analizara preventivamente si estaban dadas las condiciones materiales necesarias para aplicar la nueva normativa.
El alojamiento de los menores, uno de los puntos centrales
Uno de los aspectos que genera mayores exigencias es el lugar donde deben permanecer los adolescentes privados de su libertad.
Ravena explicó que el nuevo régimen prohíbe que los menores sean alojados junto con personas adultas y establece condiciones específicas para su tratamiento durante el proceso penal.
Además, remarcó que la prisión preventiva debe utilizarse como último recurso, mientras que las penas privativas de la libertad quedan reservadas para situaciones vinculadas con delitos graves y cometidos con violencia.
El abogado señaló que las exigencias no se limitan al alojamiento. También existe un tratamiento diferenciado durante las audiencias y en las distintas etapas del proceso judicial.
Ravena destacó la preparación de Santa Fe
A diferencia de lo ocurrido en Buenos Aires, Ravena aseguró que Santa Fe no parte de cero frente a la implementación del nuevo régimen.
El abogado recordó que la provincia cuenta desde 2023 con un Código Procesal Penal Juvenil, lo que permitió avanzar previamente en la adecuación del sistema.
“Santa Fe se fue adecuando a esta normativa”, sostuvo, y consideró que al entrar en vigencia la nueva ley existen condiciones para acompañar sus principales postulados.
También destacó la creación de una unidad especializada y la necesidad de capacitación específica para todos los operadores que intervienen en estos procesos.
Jueces, fiscales, defensores públicos y abogados particulares deben contar con preparación especial para abordar las causas vinculadas con adolescentes.
Una implementación que exige cambios en las provincias
Ravena recordó que la nueva legislación fue sancionada en febrero y que las provincias tuvieron un período para avanzar en la adecuación de sus estructuras.
En ese sentido, consideró que cada jurisdicción deberá demostrar que cuenta con las condiciones necesarias para cumplir con las exigencias del nuevo régimen.
Si alguna provincia presenta dificultades similares a las planteadas en Buenos Aires, explicó, podrían surgir nuevos planteos judiciales destinados a garantizar que la aplicación de la normativa respete las condiciones establecidas para los adolescentes.
Para el abogado, el desafío no pasa únicamente por bajar la edad de imputabilidad, sino por construir un sistema especializado que combine responsabilidad penal, garantías y herramientas de resocialización para los menores que cometan delitos.
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