La Justicia de la provincia de Buenos Aires ordenó suspender durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en todo el territorio bonaerense, apenas dos días después de que entrara en vigencia la normativa nacional que redujo de 16 a 14 años la edad mínima de imputabilidad.
La decisión fue tomada por Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, quien hizo lugar a un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de adolescentes privados de su libertad.
El fallo establece una suspensión preventiva de la implementación del nuevo esquema y pone el foco en las condiciones materiales con las que cuenta la provincia para afrontar la ampliación del universo de adolescentes que podrían quedar alcanzados por el sistema penal.
Régimen Penal Juvenil: qué cambia para los adolescentes en Santa Fe desde los 14 años
Falta de infraestructura
Uno de los principales argumentos de la resolución está relacionado con la falta de establecimientos y dispositivos especializados para alojar y atender a adolescentes de 14 y 15 años que eventualmente sean sometidos a procesos penales.
La preocupación judicial apunta a que el nuevo régimen podría generar un incremento en la cantidad de jóvenes que ingresen al sistema, mientras que la Provincia no tendría actualmente la infraestructura necesaria para garantizar condiciones adecuadas de alojamiento y tratamiento.
La medida no implica la eliminación de la Ley 27.801 ni una declaración de inconstitucionalidad, sino un freno temporal de 60 días a su aplicación dentro de la provincia de Buenos Aires. Durante ese período, deberán analizarse las condiciones existentes para poner en funcionamiento el nuevo régimen.
Qué establece la nueva ley
La Ley 27.801 comenzó a regir el 5 de septiembre y reemplazó el régimen penal juvenil vigente desde 1980. Entre sus principales modificaciones, establece la posibilidad de iniciar procesos penales contra adolescentes desde los 14 años.
El nuevo sistema contempla distintas respuestas según la gravedad del delito y establece que las penas privativas de la libertad para adolescentes no pueden superar los 15 años, además de prohibir la prisión perpetua.
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La suspensión en Buenos Aires abre ahora un nuevo frente de discusión sobre la capacidad de las provincias para implementar el régimen y las condiciones que deben garantizarse para los menores alcanzados por la reforma.
El fallo, además, generó una fuerte reacción política. La senadora nacional Patricia Bullrich cuestionó públicamente la decisión y apuntó contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la Justicia provincial.
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