El oficialismo municipal ingresó en el Concejo de Rosario el esperado proyecto impulsado por la presidenta del cuerpo, María Eugenia Schmuck, que busca incorporar formalmente a las aplicaciones digitales de movilidad —como Uber y DiDi— al esquema regulatorio local. La iniciativa parte del reconocimiento de una realidad insoslayable: las plataformas tecnológicas de transporte son utilizadas diariamente por miles de rosarinos y funcionan plenamente en la práctica urbana.
El proyecto toma como punto de partida un marco legal nacional reciente que encuadra el servicio por plataformas como una actividad laboral. Sin embargo, la discusión legislativa dista de ser unívoca y expone dos miradas contrapuestas sobre el rol del Municipio: ¿debe el Estado fijar reglas de juego, licencias y controles, o se trata de una transacción entre privados donde la regulación resulta engorrosa e ineficaz?
Las plataformas tecnológicas de transporte son utilizadas diariamente por miles de rosarinos y funcionan plenamente en la práctica urbana.
Mientras concejales del oficialismo como Carolina Labayru sostienen que es imprescindible fijar “reglas claras para todos” y condiciones de seguridad, y el edil Pablo Gavira (referente del partido UNO) remarca que “no se puede seguir viajando en el asiento de acompañante para negar una realidad que existe en el mundo”, dentro de los propios aliados al municipio emergen matices profundos. El concejal Federico Lifschitz (Partido Socialista) expresó serias dudas sobre la capacidad de fiscalización del Municipio y planteó en su lugar un esquema de “despenalización”, argumentando que la actividad debe desenvolverse como un acuerdo entre privados sin que el Estado complejiza la norma con exigencias difíciles de controlar en la vía pública.
La urgencia del bolsillo: Un refugio laboral indispensable frente a la crisis socioeconómica
Más allá de la discusión normativa sobre el rol fiscalizador del Estado, el debate ingresa en el Concejo atravesado por un complejo escenario económico nacional. En un contexto marcado por la pérdida de puestos de trabajo y la pérdida del poder adquisitivo, las plataformas de movilidad se han convertido en un sustento primordial o secundario para miles de familias rosarinas.
Desde el bloque Nación y Libertad, la concejala Sabrina Prence enfatizó que estas herramientas representan una vía directa de ingresos en momentos de vulnerabilidad económica y laboral. En esta misma línea, el concejal Juan Pedro Aleart (La Libertad Avanza) puso la lupa sobre el impacto del régimen punitivo actual, denunciando que el Municipio remolca cerca de 2.000 vehículos al año, imponiendo multas que superan los $2.000.000, reteniendo licencias e interrogando a los pasajeros.
Para Aleart, cualquier proyecto de regulación debe incluir la suspensión y condonación de sanciones e infracciones previas tanto para choferes y titulares como para pasajeros. Asimismo, advirtió sobre un punto ciego en la iniciativa oficialista: la exclusión del transporte en moto, una modalidad ampliamente utilizada por sectores populares en los barrios de la ciudad.
Cancha nivelada, tarifas y la supervivencia del sistema tradicional de taxis
El tercer gran eje del debate gira en torno a cómo equilibrar la incorporación de las apps con la protección del sistema tradicional de taxis y remises. La propuesta oficialista plantea exigir a los conductores de plataformas carnet profesional y seguro específico para la actividad, al tiempo que propone flexibilizar el cuadro tarifario del taxi fijando únicamente una tarifa mínima obligatoria.
Desde la oposición justicialista, la edila María Fernanda Rey sostuvo la necesidad de “nivelar para arriba”, demandando que las aplicaciones tributen y cumplan los mismos requisitos de seguridad que el taxi para evitar una competencia desleal, al tiempo que cuestionó si el Municipio cuenta con las herramientas operativas para controlar efectivamente a las empresas y evitar la formación de nuevos monopolios.
Por su parte, Pablo Gavira defendió la figura del taxista como un “ícono de la ciudad” que requiere igualdad de condiciones para competir, mientras que Sabrina Prence consideró que las tarifas no deben ser reguladas por los ediles sino fijadas por la oferta y la demanda del mercado.
Con posiciones divididas entre la regulación estricta, la despenalización y la libertad de mercado, el Concejo Municipal inicia un debate crucial. Bloques como Iniciativa Popular (María Fernanda Gigliani) y Frente Amplio por la Soberanía (Leonardo Caruana) señalaron que se encuentran evaluando el texto en detalle antes de definir su postura, en lo que promete ser uno de los debates políticos y sociales más relevantes del año en Rosario.
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