Un hombre comenzó a ser juzgado esta semana en el Centro de Justicia Penal de Rosario acusado de haber violado en reiteradas oportunidades las órdenes judiciales que le prohibían acercarse a su expareja, en el marco de una serie de hechos de violencia de género ocurridos en octubre de 2023.
El imputado, Cristian Agustín Martínez, enfrenta cargos por hurto simple, amenazas, resistencia a la autoridad, lesiones leves, desobediencia a órdenes judiciales y violación de domicilio, además de amenazas calificadas y portación ilegal de arma de fuego. Por estos delitos, la fiscal Antonela Valente solicitó una pena de 10 años de prisión efectiva, que podría unificarse en 13 años debido a una condena previa dictada en abril de 2023.
El juicio oral se desarrolla ante el juez Lisandro Artacho y se da en un contexto de creciente preocupación por la violencia de género en la provincia. En las últimas cuatro semanas, se registraron tres femicidios en Santa Fe, además de otros ataques que no llegaron a consumarse.
Según la acusación, Martínez protagonizó una seguidilla de episodios delictivos en apenas seis días. El primero ocurrió el 2 de octubre de 2023, cuando le sustrajo a su expareja un celular y una motocicleta tras un descuido en una vivienda de barrio Parque Casas. Fue detenido horas después por personal policial.
Días más tarde, el acusado volvió a presentarse en el domicilio de la víctima, a pesar de tener una restricción de acercamiento vigente, donde la amenazó y se resistió al accionar policial, provocando lesiones a dos efectivos.
El 8 de octubre, durante la madrugada, intentó ingresar nuevamente a la vivienda de la mujer forzando la puerta, lo que fue impedido por la víctima. Sin embargo, horas más tarde logró entrar cuando ella no se encontraba en el lugar y escapó antes de la llegada de la policía.
La secuencia de violencia continuó ese mismo día, cuando arrojó piedras contra la casa y profirió amenazas de muerte, incumpliendo nuevamente las medidas judiciales dispuestas por tribunales de familia.
A estos hechos se suma un episodio ocurrido el 11 de octubre, en el que Martínez habría amenazado con un arma de fuego a otras personas durante una discusión en la vía pública. Según la fiscalía, portaba una pistola calibre 22 sin autorización legal.
El caso se inscribe en una problemática más amplia: la reiterada desobediencia a restricciones judiciales en contextos de violencia de género, una situación que ha tenido consecuencias trágicas recientes en la provincia.
Mientras avanza el debate, la Justicia deberá determinar la responsabilidad del acusado en una causa que refleja la gravedad de los incumplimientos de medidas de protección y sus posibles derivaciones.
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