Una serie de allanamientos en Rosario puso el foco en el posible lavado de dinero de una organización narco que operaba en la región. El operativo fue realizado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) por orden de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), en el marco de una causa que investiga inversiones inmobiliarias vinculadas al tráfico de cocaína.
Los procedimientos se llevaron a cabo en los últimos días en oficinas del Grupo Roma, en Puerto Norte, y en la sede del sindicato Unión Recibidores de Granos y Anexos (Urgara), en el centro de la ciudad. La pesquisa busca reconstruir la ruta del dinero de una banda cuyos integrantes fueron detenidos en noviembre de 2025.
La causa, identificada como FRO 11201/2026, tiene como principal investigado a Ariel Fernando Suppa, acusado de distribución mayorista de cocaína y señalado como presunto organizador de la estructura. Según los fiscales, la organización habría importado 750 kilos de droga en los últimos meses de 2025.
En primera instancia, los investigadores intentaron allanar una inmobiliaria llamada JR Negocios Inmobiliarios, en Córdoba al 1400, pero la firma ya no operaba allí desde hacía años. A partir de esa pista, la PSA se dirigió a las oficinas del Grupo Roma, en avenida Carballo 186, donde secuestraron documentación vinculada a operaciones inmobiliarias.
El operativo también incluyó la sede de Urgara Rosario, en San Lorenzo 2067, donde los agentes incautaron dos boletos de compraventa entregados por el secretario adjunto del gremio, Andrés Enz.
Tras los procedimientos, el titular de la desarrolladora, Pablo Cofano, difundió un comunicado para despegar a la firma de cualquier irregularidad. Allí sostuvo: “Por disposición del fiscal federal Juan Argibay Molina, se ordenó una medida de presentación (no se trató de un allanamiento) para requerir documentación vinculada a la venta de tres lotes”.
Además, afirmó: “La desarrolladora cumplió con sus obligaciones y entregó toda la información requerida… los lotes vendidos en 2019 cuentan con la debida justificación de fondos y la trazabilidad exigida por la UIF”. También aclaró que tres operaciones adicionales “nunca se concretaron” y que involucraban a una inmobiliaria externa.
La causa tiene como eje el seguimiento de inversiones realizadas por Suppa, quien fue detenido en noviembre junto a otras 12 personas. En ese momento, en uno de los operativos, la PSA secuestró 52 kilos de cocaína.
De acuerdo con los fiscales Franco Benetti, Santiago Alberdi y Matías Scilabra, la organización traía droga desde Bermejo, Bolivia, por vía terrestre, para luego distribuirla en Rosario y la región. Para dimensionar la magnitud, indicaron que en apenas dos meses y medio de 2025 trasladaron 750 kilos de cocaína.
La investigación demandó once meses e incluyó tareas de vigilancia y escuchas telefónicas. Se inició en diciembre de 2024, tras una denuncia por microtráfico en un búnker ubicado en Braille al 1400, en la zona norte de Rosario.
Según el expediente, la estructura estaba organizada en distintos niveles. Ariel Suppa habría sido el financista y organizador de los viajes, mientras que su hermano Hugo Sebastián Suppa, junto a Marcos José Moreira, Luca Carmelo Fabián Lucente y Juan José Alfonso, se encargaban del acopio y transporte de la droga.
Los viajes hacia el norte del país y Bolivia seguían un patrón repetido: idas y vueltas en uno o dos días, con el uso de electrodomésticos como fachada. La investigación detectó además multas de tránsito y registros de antenas de telefonía en zonas como Aguas Blancas y cercanías de Salta capital, lo que reforzó las sospechas.
Para los fiscales, este grupo vendió 52 kilos de cocaína entre el 13 y el 27 de noviembre a Gastón Alejandro Gómez y José Fabián Ruiz, considerados subdistribuidores. Ruiz, además, estaría vinculado al manejo del búnker que originó la causa.En uno de los procedimientos, realizado el 27 de noviembre, se encontraron los 52 kilos de droga en una vivienda de Vieytes al 2700, domicilio de Gómez.
Durante los allanamientos también se secuestraron anotaciones en propiedades de Roldán y de la zona de República de la Sexta, que indicarían que la organización recibió 750 kilos de cocaína de máxima pureza desde fines de agosto de 2025. Según esos registros, entre el 12 de noviembre y los operativos, se habrían distribuido 500 “panes” de droga en la región.
Con estos nuevos allanamientos, la investigación avanzó hacia el circuito financiero del grupo, en un intento por determinar cómo se canalizaban y blanqueaban las ganancias del narcotráfico a través de operaciones inmobiliarias y otras estructuras formales.
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