El Gobierno nacional decidió delegar en nueve provincias la competencia para otorgar concesiones de obra pública por peaje en tramos de rutas nacionales ubicados dentro de sus territorios. La medida alcanza a Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz, distritos que mantienen un vínculo fluido con la Casa Rosada y han acompañado iniciativas clave en el Congreso.
La disposición fue oficializada a través del decreto 253/2026, publicado en el Boletín Oficial, y habilita a estas jurisdicciones a asumir tareas de administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de los caminos, sin que ello implique la transferencia del dominio público ni la pérdida de jurisdicción federal.
El objetivo es agilizar la gestión de la infraestructura vial mediante un esquema más cercano al territorio. En ese marco, las provincias podrán diseñar y aprobar pliegos licitatorios, convocar oferentes, adjudicar concesiones y firmar contratos, respetando principios de transparencia, competencia, razonabilidad tarifaria y equilibrio económico-financiero.
Para ejercer estas facultades, deberán firmar convenios específicos con la Dirección Nacional de Vialidad. Allí se establecerán los tramos a intervenir, los plazos de ejecución, los mecanismos de control y auditoría, así como el compromiso de responder ante eventuales reclamos sin afectar al Estado nacional.
El esquema prevé que los fondos generados por cada concesión se destinen exclusivamente a ese mismo tramo, sin posibilidad de ser utilizados en otras obras. Además, la delegación será temporal, limitada y revocable, y el Gobierno nacional podrá retomar la gestión si lo considera necesario.
Una vez aprobados los acuerdos por la Secretaría de Transporte, las provincias tendrán hasta un año para iniciar los procesos licitatorios. Luego de la adjudicación, contarán con 90 días hábiles para formalizar los contratos y entregar la posesión a las empresas concesionarias.
El decreto también establece que, si no se cumplen los plazos previstos, la delegación caducará automáticamente. En caso de extinción del contrato, la administración del tramo volverá al Estado nacional, que podrá reasumir el control o relanzar el proceso.
La supervisión de los contratos quedará bajo la órbita de Vialidad Nacional, que evaluará la viabilidad técnica y económica de cada proyecto, incluyendo planes de obra, financiamiento, tarifas y plazos de concesión.
La iniciativa se inscribe en un proceso de reorganización administrativa orientado a fortalecer el federalismo y mejorar la eficiencia en la gestión de la infraestructura vial. Asimismo, se prevé que otras provincias o la Ciudad de Buenos Aires puedan solicitar su incorporación al esquema, sujeto a evaluación del Ministerio del Interior.
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