El juez federal de Rosario Gastón Salmain se defendió este martes ante la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, donde es investigado por presuntamente haber mentido en su currículum al ocultar que había sido echado del Poder Judicial en 2002 y por la causa penal en la que quedó procesado por supuestamente pedir coimas a cambio de un fallo para acceder al dólar oficial durante la gestión de Alberto Fernández.
Con una valija cargada de documentación, Salmain se presentó en la sede del Consejo acompañado por sus abogados, José Manuel Ubeira, representante de Cristina Kirchner en la causa por el atentado en su contra, y Yamil Castro Bianchi, quien recientemente también tuvo exposición mediática como defensor de Miguel Migueles, exnovio de Wanda Nara.
La declaración fue escuchada por el presidente de la Comisión de Acusación, Alberto Maques, el senador Luis Juez, el diputado Gonzalo Roca y el abogado César Grau.
Sobre las acusaciones por haber omitido antecedentes en su CV para convertirse en juez federal, Salmain aseguró que “jamás” ocultó que había trabajado en el Poder Judicial, aunque sostuvo que nunca le preguntaron si había sido cesanteado.
Durante el intercambio, el senador Luis Juez le consultó cómo creía que la Comisión de Acuerdos del Senado hubiera evaluado el hecho de haber sido expulsado por ofrecer coimas. El magistrado respondió que se trataba de un escenario “contrafáctico” y explicó que, según el reglamento, solo debía informar sanciones correspondientes a los últimos diez años, mientras que su cesantía había ocurrido antes de ese período.
Gran parte de la exposición de Salmain estuvo enfocada en desacreditar el testimonio del financista rosarino Fernando Whpei, quien declaró como arrepentido y aseguró que el magistrado, junto al escribano y operador judicial Santiago Busaniche, gestionó el dictado de un fallo judicial a cambio de una coima cercana a los 200 mil dólares.
Pese a que su procesamiento fue confirmado la semana pasada por la Cámara Federal de Casación Penal, Salmain afirmó ante los consejeros que no existen pruebas que respalden la versión de Whpei y repasó distintos puntos de la declaración del arrepentido para intentar demostrar contradicciones.
“La versión que tiene este Consejo es la de un expediente penal plagado de irregularidades, sumado a una campaña mediática de desprestigio”, sostuvo el juez investigado.
Durante su defensa, también dirigió cuestionamientos contra el fiscal general Federico Reynares Solari, titular de la Oficina de Litigio Oral Estratégico del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario. Incluso citó el procesamiento de la fiscal Viviana Fein en la causa por el encubrimiento de la muerte de Alberto Nisman para cuestionar el accionar del Ministerio Público Fiscal en su expediente.
Además, repasó las recusaciones que presentó contra los magistrados que intervinieron en la causa, todas rechazadas hasta el momento, y calificó como simples “errores” algunos movimientos vinculados a la medida cautelar que permitió a Attila Fideicomisos SRL, empresa relacionada con Whpei, esquivar controles del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para acceder al Mercado Único Libre de Cambio (MULC).
En ese contexto, Salmain también afirmó que un juez federal “no está para ver el dólar blue”.
Sobre el final de su exposición, el magistrado se refirió a la denuncia que presentó en febrero contra Whpei en los tribunales de Comodoro Py. Inicialmente, la jueza María Servini y el fiscal Carlos Rívolo habían ordenado enviar el expediente a Rosario, aunque luego el camarista Eduardo Farah resolvió que la causa continúe en Capital Federal y habilitó a Salmain como querellante.
“Es un gran paso”, afirmó el juez. Luego agregó: “Por ahí también se arrepiente ahí cuando lo llamen a indagatoria”, en referencia al financista rosarino.
No obstante, reconoció que el fiscal Rívolo insistió con que el expediente debe tramitarse en Rosario y que la resolución todavía no quedó firme.
Salmain asumió como juez federal de Rosario en abril de 2023 mediante el Decreto 221/2023 firmado por el entonces presidente Alberto Fernández. Actualmente está procesado como presunto autor de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato.
La investigación sostiene que existió una asociación ilícita integrada por Salmain, Whpei y Busaniche para favorecer la salida de 10 millones de dólares al exterior mediante una medida cautelar judicial, cuando todavía regía el cepo cambiario.
Según la causa, esos dólares eran adquiridos al valor oficial y luego vendidos en mercados paralelos. Whpei declaró como arrepentido que Salmain y Busaniche solicitaron el 10% de la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo, aunque la devaluación producida al inicio del gobierno de Javier Milei redujo significativamente esa brecha y achicó el supuesto negocio.
En el expediente también se dispuso la prisión preventiva domiciliaria de Salmain con vigilancia electrónica, aunque la medida no se hizo efectiva debido a la inmunidad de arresto que posee por su condición de juez federal.
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