Finalmente, se conformó el jurado para poder revisar las más de 100 carpetas de postulantes para dirigir el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Servicio Público de la Defensa. Las pujas por el poder en el órgano de persecución penal que tiene la provincia se resolverán en plazo corto, ya que en abril vencen los actuales mandatos y recién en febrero comienzan las entrevistas. Por otro lado, dos nuevas renuncias en el Ministerio de Seguridad marcan el camino hacia una victoria pírrica del titular de la cartera más caliente del gobierno, y lo empodera para que sea quien termine el mandato en esa área de la gestión.
Tras las 9 renuncias de jurados en medio de un escándalo político por los audios de Gabriel Somaglia, secretario de Justicia que estaba a cargo del concurso para elegir a las nuevas autoridades del MPA, se pudo completar el esquema necesario con nuevos sorteos. La demora en resolverlo se debió a una instancia de negociaciones previas que propuso Celia Arena, ministra de Gobierno y quien quedó al frente del trámite, para poder consensuar metodologías, plazos y nombres con los legisladores y fuerzas políticas de la oposición.
Este cambio de rumbo cayó bien en varios sectores y es por eso que se pudo realizar el sorteo y avanzar con el proceso de selección. Ahora, con el jurado armado y los nombres arriba de la mesa, comienza una nueva etapa de rosca político-judicial. La disputa por la Fiscalía General es una de las más rimbombantes, y allí se plantea que como Jorge Baclini es rosarino, sería el turno de un santafesino para estar al frente del organismo.
En cuanto a las regionales, hay chances de que una mujer se quede con Rosario, y sería la primera vez en la historia que se elija a una por concurso. Aparece, de todas maneras, un nombre fuerte: Luis Schiappa Pietra. El fiscal se ha transformado en un exponente del trabajo comprometido sobre causas complejas y muestra galardones académicos varios que sostienen su candidatura tanto para la regional local como para la Fiscalía General. También hay otros varones con chances producto de ser “de consenso” de varios espacios políticos, y eso les puede dar un plus de ventaja a la hora de las resoluciones.
Perotti tiene poco tiempo y delegó las negociaciones en Arena porque ella es quien tiene las herramientas para negociar. El diálogo con la Legislatura cambió desde su llegada al Ministerio de Gobierno, consiguió la aprobación de algunas leyes y 80 pliegos judiciales, y ahora va por la frutilla del postre que es dejar armado el MPA para los próximos 5 años. El gobernador no tiene el crédito para sentarse con distintos sectores producto de algunas rencillas durante los primeros dos años del mandato, por eso que deposita su confianza en su alfil.
Esta semana estalló un caso de indisciplina que está siendo investigado por la auditoría del MPA, que fue la presencia de un Mercedes Benz secuestrado a un financista de la ciudad en la casa de un policía de Villa Constitución. A su vez, este uniformado fue detenido por un caso de abuso en el ISEP, la escuela de policías, y a partir de allí apareció en la puerta de su domicilio durante el allanamiento para su traslado. Esto genera fuerte impacto puertas adentro, no sólo por el procedimiento indebido que realizó el fiscal Mariano Ríos, que probablemente le conlleve una sanción disciplinaria al funcionario judicial, sino también por las relaciones de poder dentro de las fiscalías y las disidencias sobre los protocolos de actuación. Sigue siendo un organismo joven, con menos de 10 años funcionando, y aún se sienten los ruidos de los melones acomodándose en el camión al andar.
Por su parte, hubo dos nuevas renuncias en el Ministerio de Seguridad: Ana Morel, ex secretaria de Logística y mano derecha de Walter Agosto, y Alina Pózzolo, directora de Comunicación. Pasado un tiempo del episodio de Morel con el ministro Rubén Rimoldi, que había tenido como escenario la Legislatura y en el que discutieron entre ellos y a los gritos con algunos diputados, finalmente se fue la funcionaria dándole más aire al titular de la cartera. La relación entre ellos era tan mala que tenían de cómplices a los guardias de la gobernación para que les avisen si en las oficinas estaba uno o el otro para no cruzarse. A la ahora ex funcionaria la va a reemplazar Gustavo Bode, que viene desempeñando tareas similares en el Ministerio de Inclusión, Género y Diversidad.
Por otro lado, Pózzolo salió del ministerio por la disputa sobre el poder interno y la toma de decisiones. Ya se había ido su pareja hace poco tiempo, Edgardo Glavinich, y ahora ella también presentó la renuncia luego de que se la solicite el propio Rimoldi. Estas decisiones generan impacto pero no le llaman la atención a nadie que conozca de qué manera se estaban desarrollando las tareas dentro de la cartera más caliente del gobierno. Claudio Brilloni y Horacio Córdoba Ríos son los dos mandos medios empoderados, en busca de seguir acomodando a las fuerzas del orden y poder bajar más los índices de homicidios en el Gran Rosario.
Los números en el departamento La Capital son alentadores. Bajaron considerablemente los homicidios y los delitos ordinarios. Sin embargo, no hay forma de que a un rosarino le caiga bien esa noticia si no baja en nuestra ciudad el número de balaceras y de asesinatos que tenemos. Desde la asunción de Rimoldi los números fueron descendiendo, excepto un pico dado sobre finales de año que lo atribuyen a lo estacional de las fiestas. Sin embargo, se sumaron amenazas a medios de comunicación, y balaceras hubo muchas, con poca puntería para los atacantes.
Se viene un año electoral y enero parece ser el mes para ordenar la casa y poder salir a la campaña. Todas las fuerzas están en esa sintonía, y hasta llegan informaciones de reuniones clandestinas en la costa argentina en las cuales hay camaradería y negociaciones claves. El 2023 ya está corriendo y el gobierno lo sabe.
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